San José, 16 feb (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes publicó un informe que revela un panorama de desigualdad estructural y desarticulación institucional en el sistema educativo costarricense, según las voces de más de 200 representantes de comunidades educativas, direcciones regionales y Juntas de Educación y Administrativas.
La investigación destaca la necesidad de un cambio radical en la gobernanza educativa.
El estudio, basado en hallazgos cualitativos, señala que los recortes presupuestarios y la falta de acompañamiento técnico han debilitado la gestión local y profundizado las brechas entre centros urbanos y rurales.
Se identificaron desafíos como la insuficiencia de recursos para infraestructura y mantenimiento, la falta de personal administrativo capacitado y la excesiva burocracia en los procedimientos presupuestarios.
Las regiones Huetar Norte, Brunca y Chorotega son las más afectadas, con retrasos de hasta un año en la aprobación de obras y la transferencia de fondos, lo que “vulnera el derecho a la educación en condiciones de igualdad, particularmente para niñas, niños y adolescentes en contextos rurales y costeros”, según el informe.
El enfoque interseccional del informe también identifica cómo estas brechas impactan de forma diferenciada a mujeres líderes de Juntas, docentes y madres cuidadoras, así como a pueblos indígenas y personas con discapacidad, quienes enfrentan barreras adicionales.
La Defensoría resalta el debilitamiento de la gobernanza educativa, donde las Juntas operan sin lineamientos claros y con dependencia de las Direcciones Regionales, que a su vez carecen de recursos.
Esto genera “un círculo vicioso: comunidades sobrecargadas, autoridades educativas con escasa capacidad operativa y un sistema nacional que pierde cohesión y eficacia”.
El informe también documenta una creciente fatiga institucional y social, con la carga de responsabilidades administrativas desincentivando la participación ciudadana y debilitando el tejido comunitario.
Ante este panorama, la Defensoría exhorta al Estado a reconfigurar la gobernanza educativa desde una perspectiva de derechos humanos, con mecanismos de participación, descentralización efectiva y fortalecimiento institucional. Esto implica “garantizar recursos suficientes, asistencia técnica permanente y marcos de transparencia que devuelvan confianza a las comunidades”.
