San José, 6 jul (elmundo.cr) – Una reciente investigación de la Defensoría de los Habitantes evidencia que nuestro sistema democrático está experimentado un fuerte desgaste para implementar políticas públicas que atiendan problemas estructurales, como la alta desigualdad y el empobrecimiento, la dualidad estructural de su economía, los problemas para el financiamiento sostenible del Estado de bienestar y la gestión ambiental, así como para la promoción de nuevas oportunidades laborales y empresariales.
En materia de empleo, este desgaste se traduce en la coexistencia de dos Costa Ricas, en las que se no se brindan a los habitantes las mismas oportunidades para satisfacer el requerimiento de más empleos decentes, capacidad de empleabilidad y productividad, con ingresos más altos.
Por un lado, encontramos la Costa Rica amparada al régimen especial (zonas francas), producto de un exitoso modelo económico que, incluso durante la pandemia, experimentó un importante crecimiento en la actividad y capacidad en la absorción de mano de obra, caracterizada por poseer, por lo menos, una educación secundaria completa, pero obligatoriamente o en su mayoría, un segundo o tercer idioma.
Por otra parte, la Costa Rica del régimen definitivo, la que fue severamente castigada durante la pandemia, se compone en su mayoría de personas ocupadas en labores de mano de obra, o dentro del sector informal, con mayor sensibilidad a los ciclos económicos, que presenta una menor demanda de trabajo, con estudios inconclusos y sin un segundo idioma. Ese es el perfil que describe, principalmente, a las personas desempleadas, según las encuestas del INEC.
En el ámbito geográfico, también es posible identificar estas dos economías, clasificándolas, principalmente, entre las que están dentro del GAM y todo el resto del país. Pese a que existen esfuerzos por desarrollar las zonas periféricas o la existencia de polos de desarrollo principalmente turísticos, la visión de desarrollo es prácticamente la misma, a partir del mismo modelo de zonas francas, sin que se cuente con el desarrollo de actividades productivas para que no dependa de éste.
Igualmente, la investigación permitió evidenciar que, en la economía vinculada al sector externo, los modelos de empleabilidad suelen otorgar oportunidades a mujeres y jóvenes con un adecuado nivel educativo y conocimientos de idiomas. Por el contrario, las actividades económicas no vinculadas al sector externo se enfrentan con mano obra excluida (mayoritariamente con educación primaria y secundaria inconclusa), sufriendo el mayor desempleo y subempleo. Esta situación se agrava cuando el análisis se efectúa por género, grupos de edad y regiones fuera de la GAM, ante la carencia de redes de cuidos, seguridad, infraestructura, acceso a programas de empleabilidad, entre otras causas.
En el ámbito de la arquitectura institucional, la Defensoría de los Habitantes logró identificar que la política de Estado que ha impulsado el crecimiento económico, sustentado en la atracción de inversión extranjera directa, ha sido exitosa, de la mano de tres instituciones como son el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), Promotora de Comercio (PROCOMER) y la Coalición Costarricense de Iniciativa de Desarrollo (CINDE); que destacan la capacidad de integrar, entre sus programas de trabajo, a otras instituciones del Estado como el MTSS, el MEP y el INA entre otros.
La Defensoría concluye que el principal factor que impiden a las instituciones públicas vinculadas con el empleo brindar respuestas oportunas y adecuadas al problema del desempleo por región, género y sector económico, es que el país carece de una política pública de empleo que, de forma coherente, articulada y transparente, promueva la complementariedad entre el sector público y el sector privado; así como entornos favorables para el desarrollo de empresas sostenibles generadoras de más y mejores empleos, que de la mano de programas de empleabilidad eficientes faciliten la inclusión y la movilidad social.
En este sentido, la Defensoría hace un llamado al presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) determine si la política pública de empleo contiene estrategias de implementación para más empleos, mayor capacidad de empleabilidad, mayor productividad con ingresos más altos en las zonas costeras, rurales y con perfiles de educación que no superan la secundaria completa.
Asimismo, que se identifique si la política nacional de empleo cuenta con perspectiva de género y rango etario y, si alrededor de ella, se han creado las condiciones para facilitar que las mujeres y las personas jóvenes se incorporen al mercado laboral, su impacto en las diferentes regiones y su vinculación con la disminución de los niveles de pobreza en cada una de las regiones.
Para la Defensoría no es casualidad que lo anterior tenga directa relación con las conclusiones sobre Costa Rica en la 111ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en el sentido que se deben adoptar acciones en una política pública “con el fin de dar soluciones duraderas a los grandes temas y retos del país que trascienden los períodos de gobierno y que defina una agenda estratégica que enrumbe las acciones públicas en los años venideros; esta política deberá ser coherente, articulada y transparente; deberá posesionarse en la agenda pública e integrar las diversas fuerzas políticas (Asamblea Legislativa y partidos políticos), sociales (sindicatos y académicos) y económicas del país (sector empresarial), que permita complementar, articular, concertar y dar sostenibilidad a misma”.
