San José, 3 ago (elmundo.cr) – Para la Defensoría de los Habitantes es urgente que se apruebe el nuevo marco regulatorio para la gestión integrada del recurso hídrico.
La Defensoría en el último año, ha continuado con su intervención en relación con la presencia de arsénico en algunas comunidades de Guanacaste y la escasez de agua en esa misma provincia. También han tenido que abordar los problemas de abastecimiento del Valle Central, y nuevos conflictos por la carencia de ese recurso.
Es por esto que para el ente defensor nuestro país debe asumir un compromiso ineludible, desde esta Asamblea Legislativa, para asegurar el acceso al agua potable de todos y todas. Es por ello que la Defensoría recomienda proceder a la reforma del artículo 50 de la Constitución para reconocer y garantizar al derecho humano de acceso al agua.
Según la Defensoría urge “la aprobación de un nuevo marco regulatorio en materia de gestión y protección del recurso hídrico, que facilite la disminución de los conflictos por la gestión del agua, el acceso al recurso, que regule las tendencias a la concentración de la población en zonas urbanas y los efectos del cambio climático, entre otros.”
La nueva normativa en materia de gestión integrada del recurso hídrico debe ser enfocada, según el ente defensor en el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento, el uso prioritario del agua para consumo humano y abastecimiento de poblaciones y el carácter público de los servicios de agua potable y saneamiento.
Además de la definición de la estructura de gestión del recurso humano, estableciendo nuevos criterios para la definición de las áreas de protección de acuíferos, zonas de recarga y cuerpos superficiales, la participación ciudadana en la toma de decisiones, la definición de nuevos instrumentos de planificación y financiamiento a partir del reconocimiento de su valor real y dar freno a la ingobernabilidad.
El Estado costarricense no debe permitir por más tiempo la ingobernabilidad de un recurso tan importante y vital para el desarrollo humano y económico del país como lo es el agua; la situación conflictiva en relación a la gestión del agua es producto de la falta de claridad de competencias y roles institucionales, y de una legislación marco que ha sido superada. Para evitar la situación conflictiva se considera necesario un enfoque de gestión integrada del recurso hídrico, tal y como lo contempla este proyecto de ley, indica la Defensoría.
Este proyecto de ley por iniciativa popular viene a replantear el tema en forma integral y recoge los esfuerzos que por largo tiempo se han hecho para construir una propuesta legislativa participativa en materia hídrica. “Deben tener en cuenta las y los señores Diputados que cada día que pasa sin contar con la declaratoria expresa del Derecho al Agua como derecho humano en nuestra Constitución Política, así como sin una Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, es un día en el que país opta por afectar dicho recurso, sin tomar en consideración lo que ello implica tanto para las generaciones presentes como futuras”, concluye.
