San José, 17 oct (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes señaló que existen una serie de fallas para identificar y atender las necesidades de las personas que habitan en las regiones Huetar Caribe y Pacífico Central.
Según el estudio“Caracterización de la vivencia de las y los habitantes en condición de pobreza de las regiones Huetar Caribe y Pacífico Central”, en la que se parte del conocimiento y experiencias recabadas por la Defensoría en la atención de las quejas planteadas por dicha población ante las Sedes Regionales Atlántica y Pacífico Central.
En el periodo 2011-2016, del total de quejas registradas por ambas regionales, 4036 corresponden a situaciones donde las personas alegan que instituciones como el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense (Faesutp), Fondo Nacional de Becas (Fonabe), Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); no habían atendido o atendieron de manera irregular su gestión, cuya finalidad era lograr la atención en alguno de los programas de política social selectiva.
En esos términos, lo registrado corresponde a un 8% del total de quejas recibidas por la Oficina Regional Atlántica, y un 32 % de lo recibido por la Oficina Regional Pacífico Central.
Las cifras de la Defensoría están estrechamente relacionadas con la información que recopiló la Encuesta Nacional de Hogares de julio 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que determinó que el porcentaje de hogares en pobreza en la región Pacífico Central aumentó, pasando de 28,2 % en el 2016 a 29,9 % en el 2017; mientras que la región Huetar Caribe mostró una disminución al pasar de 27,6% en el 2016 a 26.7% en el año 2017.
Para el estudio también se aplicaron entrevistas estructuradas a 200 personas en la región Huetar Caribe y a 240 personas en la región Pacífico Central, de manera personal y en sus lugares de residencia.
Cabe destacar que las comunidades visitadas se encontraban dentro de los distritos prioritarios definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 (PND), pero también otros lugares donde, por la experiencia institucional, se tiene conocimiento de que residen personas en condición de pobreza.
A estas familias el ente defensor les consultó sobre las condiciones en que viven, los aspectos personales y los externos que determinan la forma en cómo enfrentan esas condiciones, la recurrencia y resultados obtenidos al acudir a la institucionalidad encargada de administrar los programas de política social selectiva, así como las oportunidades de mejora en esas instituciones para que los bienes y servicios que brindan atiendan de manera efectiva y eficiente conforme a los fines para los que fueron creados.
De los hallazgos obtenidos, uno de los que más preocupa a la Defensoría tiene que ver con que varias de las familias entrevistadas, en ambas regiones, manifestaron que en muchas ocasiones deben racionar los alimentos, incluso limitando alguna de las comidas básicas, lo cual resulta inaceptable toda vez que en el país existe una amplia inversión social que debería estar incidiendo de una manera efectiva para evitar que una situación tan lamentable se esté produciendo en nuestro país.
Pese a ello, el 62% de las familias entrevistadas en la región Huetar Caribe y el 29% en la región Pacífico Central, no había recibido un beneficio de política social selectiva en los últimos cinco años.
Otros hallazgos apuntan hacia la necesidad de mejora en la atención a las personas usuarias de los servicios, acceso a información clara y oportuna sobre los programas, procedimientos y requisitos, presunta discriminación en la atención –particularmente así manifestado por la población afrodescendiente en la región Huetar Caribe– y la necesidad e importancia de que las instituciones trabajen más de la mano con la población y las fuerzas vivas de las comunidades, tanto en el diseño como en la ejecución y evaluación de las políticas y programas.
Para la población de ambas regiones que colaboró con la investigación, es de vital importancia la disposición de espacios efectivos de participación ciudadana para el combate de la pobreza.
“Hoy en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Defensoría evidencia que las solicitudes de intervención que presentan las y los habitantes de las zonas Atlántica y Pacífico Central dan cuenta de que existen problemáticas estructurales donde las instituciones competentes del Estado han fallado u omitido identificar y atender adecuadamente las necesidades de sus pobladores”, manifestó el Defensor de los Habitantes en funciones, Juan Manuel Cordero.
En razón de lo anterior, la Defensoría determinó una serie de acciones puntuales que considera deben adoptar las instituciones del Estado responsables del combate y la superación de la pobreza, con miras a propiciar un mejor abordaje de las necesidades de las personas que viven en esa condición.
Algunas de las recomendaciones de la Defensoría son:
| Al Consejo Presidencial Social: Emitir directrices a las instituciones correspondientes para que diseñen y apliquen, si no existe, o bien, revisen y fortalezcan si ya se tiene, el sistema de control interno que permita brindar el adecuado seguimiento y fiscalización de los beneficios sociales que brindan a la población, sean becas, transferencias monetarias condicionadas, bonos de la vivienda, etc. | Al Consejo Presidencial Social: Emitir las directrices a las instituciones correspondientes para que desarrollen campañas de información y concienciación contra la discriminación racial, como medida de mitigación de las prácticas de racismo que puedan sufrir las y los funcionarios, así como las personas usuarias de los servicios públicos. |
| Al Instituto Mixto de Ayuda Social:
Valorar en la Región Huetar Caribe la incorporación, a la FIS, de criterios específicos para la calificación de la población afrodescendiente de acuerdo y en respeto de sus particularidades culturales.
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Al Instituto Mixto de Ayuda Social, en conjunto con el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura: Realizar un estudio, en conjunto con el INCOPESCA, del costo-beneficio del subsidio que se brinda a las personas en pobreza coyuntural con ocasión del decreto de veda que anualmente se aplica entre los meses de mayo y julio y, a partir de ello, determinar las acciones que serán adoptadas a fin de que la veda cumpla con los fines para los cuales se establece. |
| Al Instituto Costarricense de Turismo: Diseñar y ejecutar, en conjunto con actores del sector empresarial (MIPYMES) de cada región, campañas de promoción turística. Adoptar medidas para fortalecer la presencia en las regiones a través de un trabajo conjunto y directo con los actores del sector empresarial turístico, particularmente pequeños y medianos empresarios. | Al Ministerio de la Presidencia:
Brindar seguimiento y promover el cumplimiento de la directriz presidencial relativa al deber de todo ministerio e institución autónoma, de elaborar e implementar un plan de acción con políticas afirmativas dentro del marco del “Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes, 2015-2024”, en atención, a su vez, a lo dispuesto en el “Plan Nacional para Afrodescendientes 2015-2018”. |
