San José, 17 ene (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes revisará el Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC), que administra la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), para determinar si tiene la capacidad de enfrentar los desafíos de sostenibilidad y con ello, proponer cambios que se requieren en aras que el Estado garantice la protección social efectiva de la población beneficiaria.
Durante más de una década, a través de la experiencia de la Defensoría, mediante la casuística e investigaciones de oficio, se han detectado falencias de administración o de gestión del RNC que lo han alejado de los principios de eficiencia y eficacia que deben permear la gestión pública; y cuyo cumplimiento resulta de mayor relevancia al tratarse de un régimen que busca proteger a la población más vulnerable que requiere del amparo económico inmediato.
Si bien a raíz de los informes emitidos por la Defensoría las autoridades de la Caja han efectuado una serie de cambios, aún se observan problemas tales como: dilación, disparidad de los esquemas de gestión utilizados por Direcciones Regionales de Sucursales, intervención de varias gerencias en el proceso, insuficiencia de profesionales en Trabajo Social para realizar estudios socioeconómicos a las personas solicitantes; la no vinculación del régimen no contributivo con el régimen de invalidez vejez y muerte, en algunas etapas del proceso, principalmente en lo que concierne a la valoración de la invalidez, así como en la fase recursiva o de apelación.
Finalmente, la selección de beneficiario se genera mediante solicitud, no de oficio o de fórmulas alternativas de detección de beneficiarios, lo que propicia una debilidad en el acceso al programa.
La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo señaló “será importante una revisión del sistema desde la visión de los Derechos Humanos, con el objetivo de propiciar un planteamiento de mejora, así como analizar si el régimen actual tiene la capacidad de asumir las necesidades a futuro, de cara a los diferentes desafíos que se presentan a partir del impacto del envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida en el país, así como los avances en la protección derechos humanos de las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, la niñez y la adolescencia”.
En razón de lo anterior, la Defensoría solicitó a la CCSS estudios financieros que fundamentan las acciones realizadas por la Gerencia de Pensiones en cuanto a la necesidad de obtención de recursos. Asimismo aportar los estudios respecto a la proyección de ingresos para responder a la demanda de pensiones a los siguientes 20 años.
Ante la realidad económica que vive el país, la Defensoría también solicitó a la Ministra de Hacienda explicar el comportamiento esperado en las proyecciones de ingresos para financiar el Régimen No Contributivo, debido al cambio del impuesto de ventas por el IVA.
