San José, 08 may (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes identificó ocho debilidades en los programas sociales del Estado dirigidos a personas en condición de vulnerabilidad, según una investigación publicada este jueves.
Los hallazgos, que abarcan el periodo 2019-2024, señalan desde la ausencia de indicadores de resultados hasta la falta de una Política Nacional de la Pobreza.
En un contexto global marcado por desafíos sociales y económicos, los programas sociales son esenciales para garantizar el acceso equitativo a derechos fundamentales. En Costa Rica, el Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social, integrado por instituciones como el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Dirección Nacional de CEN-CINAI, es el encargado de atender a las poblaciones en pobreza y vulnerabilidad, según el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo N°43580-MP-PLAN.
La investigación de la Defensoría se enfocó en analizar la planificación presupuestaria y la asignación de beneficiarios de estos programas.
Entre los principales hallazgos destacan: la ausencia de metodologías de costeo, que resultan en asignaciones arbitrarias; la falta de indicadores de resultado e impacto, que dificulta evaluar la efectividad de los programas; la ausencia de criterios de regionalización, que no consideran las diferencias regionales en la generación de pobreza; y la falta de una Política Nacional de Pobreza, que centralice las estrategias y responsabilidades.
Además, la Defensoría encontró carencias en la evaluación de procesos y resultados, debido a la falta de sistemas de registro administrativos eficientes. También se identificó la falta de módulos específicos en las encuestas nacionales, como el de Red de Cuido, que dificulta la solicitud de presupuestos adecuados.
Otro punto crítico son las reducciones presupuestarias y sub-ejecuciones, que generan inestabilidad en los recursos asignados. Finalmente, la investigación señala la ausencia de mecanismos de transición, que impiden a la población consolidar su independencia económica, como el caso de la pérdida de acceso a servicios de cuido infantil al superar la línea de pobreza, lo que crea un dilema para las familias.
