San José, 14 ago (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes reveló que 11 ministerios tramitaron un total de 508 denuncias por acoso laboral entre los años 2021 y 2023, según una investigación de oficio realizada sobre la atención de estas denuncias en 17 ministerios.
El informe de la Defensoría también reveló que 5 ministerios tenían pendiente la finalización de la revisión de su normativa interna para tramitar denuncias por acoso laboral.
Estos son: Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Gobernación y Policía. La Defensoría recomendó a estas instituciones finalizar la revisión y presentar un cronograma para la publicación y vigencia de la normativa.
El MICITT indicó a la Defensoría que se encuentra en la etapa de revisión de la primera versión del documento. MIDEPLAN y MIVAH señalaron que la revisión del borrador está en la fase final. El MOPT informó que elaborará un reglamento contra el acoso laboral, acatando las recomendaciones de la Defensoría. Todas las instituciones aportaron cronogramas para la revisión, a los cuales la Defensoría dará seguimiento.
Además, cinco ministerios cuentan con una política institucional en la materia. El Ministerio de Ambiente y Energía tiene una política interna no oficializada, mientras que el Ministerio de Gobernación y Policía inició la redacción de un reglamento, pero desistió debido a la falta de una ley específica.
La mayoría de los ministerios ofrecen programas de capacitación al funcionariado sobre el procedimiento para interponer denuncias. Sin embargo, no todos incluyen el tema de acoso laboral en la inducción al personal. Nueve instituciones ofrecen atención psicológica a las partes afectadas. Los plazos para la investigación preliminar no superan los dos meses, aunque pueden variar.
En cuanto a la etapa recursiva, los ministerios de Obras Públicas y Transportes, Industria y Comercio, y Educación Pública, indicaron que solo la parte denunciada tiene derecho a recurrir. En el resto de las instituciones, ambas partes tienen ese derecho.
La Defensoría emitió recomendaciones a los ministerios que no han implementado normativas ni políticas, instándolos a finalizar y oficializar los reglamentos, implementar capítulos específicos en sus Reglamentos Autónomos de Servicios, informar proactivamente al funcionariado sobre los mecanismos de denuncia y establecer servicios de apoyo psicológico.
La Defensoría también enfatizó la importancia de avanzar en la aprobación del proyecto de ley N.° 20.873, “Ley para prevenir y sancionar el acoso laboral en el sector público y privado”, pero mientras no exista legislación específica, corresponde a cada institución garantizar ambientes laborales seguros y respetuosos.
