San José, 20 may (elmundo.cr) –La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, hizo un llamado público a las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social a que, previo a la toma de cualquier decisión sobre el futuro del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), las reformas planteadas sean de conocimiento público, propicie su análisis de forma transparente e inclusiva y se otorgue un periodo de tiempo para que las personas interesadas, sectores e instituciones puedan hacer llegar las observaciones y evaluar los posibles impactos de las reformas.
Cualquier cambio que requiera el sistema de pensiones de la CCSS en aras de su fortalecimiento deberá incluir un amplio proceso participativo de la sociedad costarricense y en ese sentido, la Defensoría de los Habitantes considera necesario que las decisiones que se tomen sean luego de una consulta nacional, por las repercusiones que implica una reforma de esta naturaleza.
“Aquí la población con discapacidad tiene mucho que aportar, la población migrante, las personas adultas mayores, los trabajadores públicos, privados e independientes, y muchas otras personas porque está en juego el futuro de las pensiones del principal régimen del país”, indicó Crespo.
Como parte del seguimiento que ha venido dando la Defensoría a este tema, el día de ayer elevó una gestión ante la Gerencia de Pensiones de la CCSS solicitando que, a la mayor brevedad, remita el informe que puso en conocimiento de la Junta Directiva de la institución, así como los estudios técnicos que respaldan la propuesta de sostenibilidad a largo plazo del régimen del IVM.
“Queremos que la CCSS pueda decirnos el impacto que cada una de las medidas presentadas tendrían en la sostenibilidad del sistema de pensiones, el plazo para obtener resultados y la ruta crítica para ello, si es que la hubiese. Pero además estamos convencidos que la CCSS debe hacer de conocimiento público la propuesta y abra un periodo para realizar observaciones que vengan a fortalecer el régimen”, dijo la Defensora de los Habitantes.
La Defensoría de los Habitantes adicionalmente pidió un informe detallado de los efectos que tales medidas podrían tener en las expectativas de las personas aseguradas en cuanto al monto y momento de su eventual pensión, según diferentes grupos de edades de los y las habitantes en el régimen.
Además, la Defensora dijo que la CCSS debe aprender de sus propias experiencias como la del 2017 donde facilitó mecanismos de diálogo con amplios sectores sobre este tema, e incluso en esa oportunidad, la misma Defensoría actuó como ente observador del proceso, arrojando importantes resultados pero ante todo, existió una claridad sobre la justificación e impacto de las medidas que se tomarían.
“La premura en la presentación de estas propuestas no es buena sin la mayor transparencia, y máxime aun cuando el país mantiene toda su concentración en la difícil situación ocasionada por la pandemia”, agregó la Defensora.
Por otra parte, la Defensoría de los Habitantes considera importante que la CCSS pueda informar respecto a una aparente no entrega a tiempo de facturas al Estado para el trámite de pago de 05 meses de cotizaciones estatales, y que según, autoridades del Ministerio de Hacienda en declaraciones a un medio de prensa, esta situación fue responsabilidad de la Caja. De ahí que es importante conocer qué fue lo que sucedió y si se está haciendo una investigación al respecto.
