Defensoría recurre a Sala Constitucional por silencio del ministro de Seguridad

San José, 1 jul (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes interpuso un recurso de amparo contra el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, por no responder a sus consultas sobre la Política Nacional de Seguridad Pública.

Desde el 3 de abril, la Defensoría solicitó información sobre el avance de la política, incluida la programación del Plan de Acción, las metas de reducción de delitos y los mecanismos de rendición de cuentas. Sin embargo, el ministro solo brindó información parcial, argumentando que debía emitir primero el Plan de Acción.

“Ninguna de las consultas que quedaron sin responder requiere la emisión de un Plan de Acción”, afirmó la Defensoría. “Por lo tanto, no es de recibo dejar de informar sobre las actas y reglamentación del ‘Consejo de Seguridad Nacional’, las metas de reducción de delitos, las fuentes de financiamiento o los mecanismos de rendición de cuentas hacia la ciudadanía”.

La Defensoría también cuestionó que el ministro haya informado sobre un cronograma para elaborar el Plan de Acción, cuando la solicitud de información de la Defensoría se realizó cinco meses después de emitida la política.

En respuesta a la prevención de ley, el ministro cuestionó aspectos de procedimiento de la Defensoría, evadiendo dar respuesta a los temas de fondo requeridos.

Ante ello, la Defensoría acudió a la Sala Constitucional. El Tribunal acogió el recurso y otorgó al ministro un plazo de tres días para rendir cuentas.

El pasado 25 de junio, el ministro respondió parcialmente a las consultas, pero lo hizo un día después de que la Sala Constitucional notificara la interposición del recurso de amparo.

“Es lamentable que se deba recurrir hasta el órgano constitucional para que acceda a informar sobre la conducción de esta política pública”, manifestó la Defensoría.

“Las políticas públicas son los mecanismos que permiten concretar las líneas maestras por donde encauzará el Estado sus esfuerzos para materializar y dar vigencia real y cotidiana a los derechos humanos”, concluyen.

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