San José, 12 feb (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes alertó este jueves sobre la profundización de las desigualdades en la educación pública costarricense, atribuyendo la crisis a la reducción presupuestaria del Ministerio de Educación Pública (MEP) y a la débil gestión local.
La entidad señaló que esta situación ha deteriorado el derecho a la educación, exacerbando las brechas entre centros educativos según su ubicación, recursos y dirección regional.
La investigación de la Defensoría reveló que los recortes en inversión educativa han afectado directamente la infraestructura, la alimentación escolar y la contratación de personal de apoyo. Esto, según el informe, compromete la calidad del aprendizaje y las condiciones de permanencia en las aulas, con las escuelas unidocentes, rurales e indígenas como las más perjudicadas.
“En varias regiones del país, las Juntas de Educación operan con presupuestos hasta cinco veces menores a los de instituciones ubicadas en zonas urbanas”, lo que limita su capacidad para asegurar condiciones dignas para los estudiantes.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la Defensoría considera que la falta de equidad presupuestaria constituye una “discriminación estructural”, perpetuando desigualdades históricas que afectan a la niñez, adolescencia en situación de pobreza y a estudiantes con discapacidad.
Estas desigualdades, según el organismo, violan los principios de progresividad, igualdad y no regresividad que rigen las obligaciones del Estado en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
La Defensoría también criticó el actual modelo de gestión educativa, el cual, según el informe, no garantiza la transparencia ni la rendición de cuentas adecuadas. La complejidad administrativa, la limitada capacidad técnica en las Juntas y la ausencia de acompañamiento institucional dificultan la ejecución oportuna de los recursos.
Esto genera atrasos en el mantenimiento, adquisición de materiales y ejecución de programas sociales, debilitando la confianza pública y aumentando la desigualdad entre centros educativos.
Ante esta situación, la Defensoría recomendó una reforma estructural del modelo de financiamiento educativo, asegurando un presupuesto estable, equitativo y progresivo que priorice a los centros con mayores desventajas sociales y territoriales.
Además, propone fortalecer la supervisión del MEP sobre las Juntas de Educación y Administrativas, implementando mecanismos de asistencia técnica y auditorías preventivas.
Finalmente, la Defensoría enfatizó la necesidad de garantizar la educación como un derecho humano, lo que exige una política fiscal comprometida con la justicia social. Esto implica, según el organismo, recuperar el mandato constitucional del 8% del PIB para educación, invertir en infraestructura resiliente, ampliar los programas de alimentación y transporte escolar, y promover una gestión educativa inclusiva.
La Defensoría reafirmó su llamado al Estado para colocar la educación pública en el centro de la agenda nacional, como un factor clave para la igualdad, la cohesión social y la democracia.
