Defensoría recibe reacreditación estatus A por organismo internacional

San José, 9 mar (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica recibió nuevamente la acreditación con estatus A, luego de ser evaluada por el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos (GANHRI).

La evaluación determinó que la institución cumple con los Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos (Principios de París) tanto en su normativa como en la práctica.

Esto faculta a la Defensoría de los Habitantes, para tener acceso directo e independiente de la representación diplomática costarricense, a los órganos de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos asumidas por Costa Rica, y ofrecer a los órganos de derechos humanos información independiente, plantear consultas o promover estándares para avanzar en la protección de la dignidad de todas las personas.

Estas instituciones clase A asumen muchas formas, como comisiones, institutos y procuradurías de derechos humanos, no obstante, en la mayor parte de los países latinoamericanos se han constituido como Defensorías del Pueblo o, en el caso de Costa Rica, de los Habitantes. En ese sentido, no es tanto el nombre sino el mandato, la independencia y su capacidad de defensa de derechos humanos lo que identificaría a una institución como INDH. Solo se puede reconocer una institución con estatus A por país.

La existencia de una INDH acreditada con estatus A es uno de los estándares para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Es además un requisito para cumplir con las obligaciones de algunos tratados de derechos humanos ratificados por Costa Rica como la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad.

El Subcomité de GANHRI también examinó este año la solicitud de renovación de acreditación de las instituciones de derechos humanos de Argentina, Australia, Bosnia y Herzegovina, Costa Rica, el Salvador, India, Jordania, Malawi, Mauritania, México, Nambia, Nicaragua, Nigeria, Tanzania y Zambia.

El Subcomité, al realizar su reacreditación, planteó una serie de recomendaciones para el fortalecimiento de la Defensoría, como el promover su afianzamiento en la Constitución Política así como la incorporación de enmiendas adecuadas en su base legislativa para que el mandato de promoción de derechos humanos figure en ella de forma explícita.

También hizo un llamado al Gobierno para que dote a la Defensoría de los recursos financieros necesarios para permitirle cumplir apropiadamente con sus obligaciones, máxime que su mandato ha sido ampliado en los últimos años con la responsabilidad de disponer el mecanismo nacional de prevención contra la tortura y recientemente, el mecanismo nacional de vigilancia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Aunque se ha dotado recientemente de algo de financiamiento adicional, el Subcomité está preocupado que esos fondos puedan no ser suficientes para llevar a cabo su mandato con eficacia”.

Asimismo el Subcomité evaluador elogió la interacción y colaboración activa de la Defensoría con el sistema internacional de derechos humanos, y recomendó que promueva la incorporación de cambios en su base legislativa de modo que prevea una responsabilidad explícita para esas actividades.

En cuanto al pluralismo referido a la representación más amplia de la sociedad, el Subcomité dijo que si bien, la Ley de la Defensoría no exige que los miembros y el personal deban ser representativos de los diversos segmentos de la sociedad, si observó con acierto que la Defensoría haya iniciado un proceso de contratación de personal que tome en consideración la diversidad y el pluralismo.

Finalmente, el subcomité reconoció el trabajo que realiza la Defensoría en la colaboración y cooperación con las organizaciones de la sociedad civil.

“La reacreditación de la Defensoría como una institución con estatus A según los Principios de París es un reconocimiento al trabajo y compromiso de quienes trabajan y han trabajado en la Defensoría de los Habitantes, asegurando su fortalecimiento a lo largo de sus casi 25 años de existencia”, señaló la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni.

La acreditación de cada institución se revisa cada cinco años por el Subcomité de Acreditación.

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