San José, 30 mar (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes presentó una oposición técnica ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) contra tres solicitudes de fijación tarifaria ordinaria del servicio de transporte público en las rutas San José–Hatillo (ruta 90), San José–Alajuelita y ramales (ruta 94), y Upala–San José de Upala–Santa Cecilia (ruta 514).
Tras un análisis económico y estadístico, la Defensoría determinó que las propuestas de las empresas operadoras presentan deficiencias estructurales en sus datos y amenazan el derecho de las personas usuarias a recibir el servicio al costo. Los argumentos centrales de la oposición se agrupan en tres grandes ejes:
• Impacto económico desproporcionado: Los ajustes solicitados carecen de racionalidad, proporcionalidad y de estudios de impacto socioeconómico. En la ruta 514 (Upala), la propuesta contempla incrementos que superan el 300% en algunos tramos. Por su parte, en la ruta 90 (Hatillo–Alajuelita) se plantean ajustes de hasta un 29%, es decir, alzas de ₡90 y ₡65 por viaje. Estos montos vulneran el principio de asequibilidad progresiva y representan una barrera económica que limita el acceso al trabajo, la salud y la educación para las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
• Inconsistencia estadística y datos irreales: Se comprobaron graves inconsistencias en las bases de datos operativas utilizadas para justificar los aumentos. En la ruta 94 (San José–Alajuelita), existen días operativos donde se reporta la ejecución de carreras, pero con un registro de cero pasajeros movilizados, así como caídas atípicas extremas en la frecuencia de viajes. Además, al contrastar la información de las rutas 90 (San José–Hatillo) y 514 (San José–Upala) con los registros oficiales de ARESEP, se evidencian diferencias drásticas que sugieren una subestimación de la demanda real.
• Ruptura del principio de servicio al costo: La integridad de los datos de demanda es vital para garantizar el equilibrio financiero y las necesidades de las personas usuarias en relación con las tarifas. Al presentar subregistros evidentes y omitir ramales activos, se incrementa artificialmente el costo unitario por pasajero. La Defensoría advierte que la persona usuaria final no debe asumir el riesgo ni el costo económico derivados de los errores o debilidades administrativas del operador al consolidar sus estadísticas.
La Defensoría de los Habitantes es enfática en que aprobar estos ajustes tarifarios sin depurar las profundas inconsistencias señaladas implicaría inclinar la balanza en detrimento de los derechos económicos y sociales de la población. Las tarifas deben sustentarse en un volumen de pasajeros respaldado por estudios técnicos o datos verificados, no en estadísticas sin justificación material.
