San José, 27 jun (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes rechazó la postura del Ministerio de Educación Pública (MEP) de desconocer sus competencias sobre el Consejo Superior de Educación.
La Defensoría reafirmó su autoridad legal, respaldada por la Sala Constitucional, y solicitó información al MEP.
La Defensoría citó el voto N° 7730-2000 de la Sala Constitucional, que establece que la Defensoría fue creada para proteger los derechos e intereses de los habitantes y vigilar el funcionamiento del sector público. El documento señala que “interpretar restrictivamente los artículo 183 y 184 de la propia Carta Magna para tratar de impedir que la que se expongan prácticas cuestionables resulta contrario al espíritu de la propia Constitución”.
La Defensoría explicó al Ministro de Educación, en el oficio N° 06627-2025, que su competencia es clara y que la negativa del MEP es improcedente.
En respuesta, el ministro de Educación argumentó que el Consejo Superior de Educación es el único órgano competente para definir los programas curriculares. Sin embargo, la Defensoría expresó preocupación por las declaraciones de la viceministra de Educación Pública, Giselle Alpízar Elizondo, quien afirmó que la eliminación de pruebas y programas de sexualidad y afectividad fue una orden de Presidencia.
La Defensoría considera que la decisión de eliminar los programas se tomó sin valoraciones técnicas, científicas ni un proceso de consulta. Según Alpízar Elizondo, la eliminación respondió a una orden política, lo cual contradice la naturaleza técnica e independiente del Consejo.
Ante esta situación, la Defensoría solicitó al ministro de Educación, en su calidad de presidente del Consejo Superior de Educación, que remita los acuerdos adoptados sobre las recomendaciones emitidas por la Defensoría, incluyendo análisis y discusiones, además del programa “Educación para la Paz y la Convivencia” y su análisis comparativo con el programa de Afectividad y Sexualidad Integral.
La Defensoría participará como observador en el espacio de diálogo transparente y participativo que el MEP y el Consejo Superior de Educación deben realizar con diversos actores.
Finalmente, la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, aclaró que es falso que la Defensoría apoye la existencia de “guías de perversión sexual”, y reiteró la importancia de un proceso participativo para cualquier programa educativo futuro.
