San José, 03 oct (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes presentó un recurso de amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) debido a la publicación del mensaje “Cayó la Mordaza” en perfiles oficiales de instituciones públicas, argumentando que esta acción viola el derecho a la libertad electoral.
La Defensoría considera que la publicación del mensaje, que no proporciona información objetiva, completa y neutral, utiliza recursos públicos de manera irregular y promueve desinformación. Además, el recurso busca proteger la autonomía de la función electoral, pilar fundamental de la democracia.
Según la Defensoría, la publicación de este mensaje no es un ejercicio legítimo de protesta, sino una vulneración al sistema constitucional y al principio democrático. “Esta actuación constituye una forma de presión política institucionalizada -claramente indebida- sobre el sistema democrático”, señala el recurso.
La Defensoría también expuso la gravedad de la publicación en las redes sociales del Ministerio de Seguridad Pública y de la Fuerza Pública, pues es un mensaje político contrario al régimen de veda electoral vigente. “La Fuerza Pública no es un órgano administrativo cualquiera, se trata de la institución armada encargada de garantizar el orden, la seguridad y la paz social”, indica el documento.
La Defensoría solicitó al TSE acoger el recurso y declarar la violación al derecho fundamental de acceso a la información, al principio democrático, a la institucionalidad democrática representada por el TSE, al orden público y a la seguridad nacional. Solicitó también la eliminación inmediata de las publicaciones relacionadas con “Cayó la Mordaza”, así como que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Seguridad, Mario Zamora, se abstengan de realizar actos similares en el futuro.
Finalmente, la Defensoría pidió establecer medidas correctivas para garantizar que la Fuerza Pública se someta al mando del TSE durante el proceso electoral y un procedimiento administrativo para investigar las actuaciones denunciadas y aplicar las sanciones correspondientes.
