San José, 6 jul (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes mostró su preocupación por el anuncio de que se debe buscar alternativas de financiamiento para el Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC), y tomar previsiones para el flujo económico 2021 de modo que no se vean afectados los programas sociales, así como la suspensión del trámite de nuevas solicitudes de pensión de dicho régimen.
En el oficio DH-DIND-DNA-0406-2020 enviado por la Defensora de los Habitantes a la Ministra de Trabajo, se señala la preocupación por un comunicado de prensa del 04 de junio donde la CCSS informa la necesidad de buscar ese financiamiento y por tal motivo, le solicitó a la jerarca informar las razones que justifican recurrir a fuentes alternativas a las específicas que financian el sistema no contributivo, incluyendo los recursos previstos de la reforma legal derivada de la transferencia solidaria sobre las pensiones de lujo.
Asimismo, indicar si dentro de esas nuevas fuentes de financiamiento podría verse afectado el contenido económico en lo que a otros programas sociales se refiere; y de ser así, especificar cuáles, por cuánto monto y período.
De igual forma, solicitó a las autoridades de Trabajo el detalle de las acciones correspondientes para mantener la meta de otorgamiento de pensiones, según el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, en aras de impedir retrocesos que atenten contra los compromisos suscritos por el Estado en materia de los derechos económicos, sociales y culturales.
La Defensoría solicitó a la CCSS mediante la gestión DNA- DIND-034-2020 aclarar, entre otras cosas, la fecha a partir de la cual se suspende la recepción de las nuevas solicitudes, cuál es el período al que afecta la suspensión del trámite de aquellas ya recibidas, de ser una medida temporal, por cuánto tiempo estará vigente; y si la suspensión también abarca las solicitudes que actualmente están pendientes de resolución, tanto por las Sucursales Administrativas, como por la Comisión Nacional de Apelaciones y la Comisión Calificadora de la Invalidez, entre otras cosas.
El ente defensor se ha abocado al análisis de los desafíos de gestión, financiamiento y sostenibilidad del sistema del Régimen No Contributivo de pensiones, con miras a identificar y promover los cambios requeridos para que el Estado costarricense asegure a las personas en situación de pobreza y pobreza extrema un ingreso mínimo.
De manera particular, se ha planteado su capacidad de responder a la necesidad de protección social de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad social, sobre todo en el contexto actual de la pandemia por COVID-19, pues exige la adopción de medidas para contrarrestar los efectos que tienden a aumentar la discriminación y la desigualdad, en una coyuntura que vincula la atención sanitaria con el sistema de protección social existente.
