San José, 7 ago (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes solicitó mediante gestión DH-CV-559-2020 un informe detallado al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia en relación con el aumento de casos positivos de COVID-19 en el sistema penitenciario.
La Defensoría planteó a las autoridades inquietudes relacionadas con la adopción y aplicación eficaz de los protocolos de prevención y equipamiento; coordinación entre las funciones del personal de salud del Ministerio de Justicia y el manejo del paciente; condiciones labores del personal a cargo, insumos, los espacios de aislamiento, el abordaje cuando se dan traslados, entre otros temas de interés para la protección de toda la población penitenciaria.
Además, solicitó reportes sobre el suministro continuo de insumos para higiene y procesos de desinfección de las unidades y ámbitos de los centros, disponibilidad de equipo de prevención y medidas para disponer de mayor recursos humano que coadyuve en los procesos al menos en forma temporal.
A la Defensoría le interesa conocer sobre la capacidad de los equipos de salud de los centros penitenciarios para cubrir la atención de la población privada de libertad en todos sus aspectos, y la de los funcionarios del sistema penitenciario para llevar controles con bitácoras de seguimiento y realizar funciones de entrega de medicamentos, inyectables u otros.
También, consultó sobre las instalaciones designadas para el aislamiento y la capacidad para realizar los estudios de contacto.
Sobre las condiciones laborales de los funcionarios en los centros penitenciarios se pidió información de las medidas preventivas implementadas en resguardo y beneficio de todos sus funcionarios, específicamente, sobre los equipos especiales recomendados por especialistas en la salud y epidemiologia para prevenir y garantizar la salud de los policías penitenciarios que deben tener contacto directo con privados de libertad que son positivos por COVID-19 (batas nivel 3, guantes, mascarillas y de protección de ocular).
Asimismo, la Defensoría consultó sobre el procedimiento que sigue la institución, en el caso de los funcionarios que presentan síntomas o son positivos por COVID-19; y las gestiones para su reemplazo temporal.
Dada la relevancia que tiene, causa especial preocupación de la Defensoría la situación del CAI Gerardo Rodríguez y el CAI de San José. En ambos casos los ingresos y salidas constantes por prácticas judiciales hacen que la población y consecuentemente, el personal de seguridad, entre y salga continuamente de los centros y ello implique una exposición clara. En el primer supuesto, sólo en el mes de junio se realizaron cerca de 1300 salidas entre prácticas judiciales y otros.
Como medida de contención, las autoridades han optado por el aislamiento de las personas que ingresan, sin embargo, con la fluctuación de personas, la situación podría resultar insostenible.
Ante ese escenario resulta importante una valoración in situ por parte de las autoridades del Ministerio de Salud y la CCSS, a fin de que en conjunto con los tomadores de decisión del Ministerio de Justicia se pondere el riesgo y se tomen las medidas necesarias para disminuir el riesgo y prevenir situaciones más complejas, que sin lugar a dudas, impactarían al sistema de salud pública costarricense.
