San José, 27 feb (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes solicita, una vez más, a la población a poner fin a las manifestaciones de odio y de discriminación que han imperado y siguen imperando con ocasión de la campaña electoral.
Por lo cual, hace un llamado vehemente, al sentir democrático del ser costarricense, para librar los mensajes políticos de todo sesgo discriminatorio, contrario a la democracia y a los valores más básicos de derechos humanos que han nutrido la historia nacional.
“Los y las participantes de una contienda electoral, indistintamente de su color político, están llamados a dar fe de su apego a los valores democráticos y al Estado de Derecho, incluida la protección de los derechos humanos, elementos que han cimentado la democracia costarricense y que deberán jurar proteger, de ser electos por el pueblo costarricense”, agregan.
La Defensoría condena cualquier propuesta de convertir la discriminación en política de Estado. “Demasiadas lecciones ha dado la historia, a costo de sangre y muerte, como para hacer tropezar a nuestro país sobre la misma piedra”, indicaron mediante un comunicado.
Ante esto el ente defensor exhorta, de la manera más rotunda, a que cada candidato haga un llamado a sus partidarios a cesar la violencia en redes sociales, en la calle, en las comunidades y hasta en las casas.
“No son estos los discursos de odio sobre los que se han construido casi 200 años de nuestra historia republicana. Por el contrario, han sido el respeto a la ley, la solidaridad, la responsabilidad hacia los que menos tienen, la riqueza de nuestra tierra, la amabilidad de nuestro trato, el trabajo denodado y nuestro amor a la paz lo que han hecho a Costa Rica, una nación admirada desde todas las latitudes”, indicaron.
Para la Defensoría hemos llegado a un punto en el que hoy, más que nunca, se evidencia la necesidad de que la Asamblea Legislativa apruebe, de una vez por todas, la Ley Marco contra la Discriminación que se estudia bajo el expediente 20.174, y que recibió aprobación unánime en Comisión. Ese proyecto resguarda la dignidad humana de todas las personas sin ningún tipo de distinción, desarrolla la garantía constitucional de igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación hacia cualquier grupo.
“Ante las circunstancias, recae sobre cada costarricense, esté donde esté, indistintamente de su condición social, étnica, racial, sus creencias, su religión, su orientación sexual, o identidad de género, o su preferencia partidaria, la obligación de resguardar la democracia y la paz que nos han sido heredadas y que debemos traspasar fortalecidas a las futuras generaciones”, concluyen.
