San José, 17 ene (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes da un puntual seguimiento a las acciones que lleva a cabo la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) relativa a la revisión de las metodologías establecidas para los generadores de energía eléctrica mediante paneles solares conectados a la red nacional de electricidad.
Si bien, debido a esta situación la Aresep ha suspendido por dos meses el cobro en generación distribuida, la Defensoría considera necesaria una revisión exhaustiva de la metodología que garantice tarifas justas y razonables para los generadores solares.
De ahí que sea importante que la Aresep, una vez concluido el criterio técnico elaborado por un comité consultivo creado para tal fin y, aprobado en Junta Directiva, sea del conocimiento de todas las partes interesadas.
La generación distribuida, a través de tecnologías como los paneles solares, ha sido una opción en ascenso que permite no solo el autoabastecimiento eléctrico sino también la contribución al sistema energético nacional mediante la inyección de excedentes a la red pública. Sin embargo, la nueva metodología de tarifas implementada ha generados quejas de clientes de incrementos desproporcionados que afectan a personas, empresas y comercios que optaron por esta alternativa sostenible.
En relación con lo anterior, la Defensoría recibió denuncias de generadores solares porque desde la aprobación de las tarifas en octubre del año anterior, las facturas han experimentado, en algunos casos, incrementos superiores al 400%.
Por esta razón, la Defensoría ha presentado una solicitud de información a la Aresep y está a la espera de los estudios técnicos que respalden las metodologías tarifarias, con el objetivo de garantizar que se cumpla con los criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de energía, eficiencia económica y se respeten los derechos de quienes optan por contribuir a una matriz energética más limpia y sostenible; según se establece en el artículo 31 de la Ley 7593.
La Defensoría reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y exige una pronta revisión de estas metodologías de fijación tarifaria, asegurando que las mismas fomenten la transición hacia tecnologías limpias y sostenibles en la generación de energía eléctrica.