San José, 4 ago (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes considera que, a la luz de las obligaciones de derechos humanos adoptadas por el Estado costarricense, sería injustificable que el mayor peso de las medidas de austeridad las soporten las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad que dependen de la acción del Estado.
La Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni le hizo ver al presidente de la República Luis Guillermo Solís que los programas sociales deben tener prioridad por encima de otras erogaciones.
La Defensoría ha manifestado en múltiples ocasiones su preocupación acerca del impacto de la situación fiscal del país sobre el pleno goce de derechos de las poblaciones más vulnerables.
En la misiva, la Defensoría recordó al Gobierno que existen ciertos derechos que son inderogables, aún en periodos de crisis, emergencia o Estado de excepción, que implica que el Estado no puede poner en peligro la garantía a su respeto mediante las medidas de austeridad que adopte.
De esta manera, por ejemplo, no pueden verse afectados programas de salud destinados a asegurar el derecho a la vida como es el esquema básico de vacunación y los programas de nutrición esencial, así como el financiamiento de programas para asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el presupuesto del Tribunal Supremo de Elecciones y del Poder Judicial para asegurar derechos inderogables, entre otros.
Existe una serie de obligaciones esenciales que deben ser acatadas de manera inmediata para asegurar el contenido esencial de los derechos económicos, sociales y culturales, y garantizar así un mínimo básico de calidad de vida de quienes habitamos en este país, indica el ente defensor.
“Los pagos de deuda no deben ir en detrimento de las obligaciones de derechos humanos del país. La política fiscal, al articular el proceso de recaudación de impuestos, redistribución de rentas y financiación de servicios públicos, prestaciones sociales y deuda pública, constituyen un instrumento esencial para que el Estado pueda cumplir sus obligaciones de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos. En virtud de esto, una política fiscal progresiva, equitativa y solidaria es un prerrequisito para el cumplimiento de los derechos humanos”, manifestó la Defensora.
La Defensoría es consciente de que la situación fiscal se ha agravado paulatinamente en los últimos años, debido a una insuficiencia de ingresos y por la inflexibilidad que presenta el gasto público, donde se destina el 95% de los ingresos a erogaciones establecidas por mandatos constitucionales, legales y contractuales.
A pesar de lo anterior, la Defensoría desea llamar la atención en el sentido de que la reducción del déficit fiscal no debe convertirse en un fin en sí mismo y por encima de la finalidad real del Estado, cual es proteger, respetar y realizar los derechos humanos de sus habitantes. Por ello si bien el nivel del déficit es un factor que limita la capacidad del Estado para cumplir con su finalidad básica, las soluciones propuestas deben considerar también su efecto sobre la realización de los derechos humanos, sobre todo para los grupos vulnerables de la sociedad.
“Cuando la política fiscal de los Estados es inclusiva y sostenible, entonces se potencia el cumplimiento de metas de desarrollo económico y bienestar, con lo cual se redistribuyen los frutos de la vida en sociedad y se genera un modelo político basado en el cumplimiento de derechos y responsabilidades”, señala la carta remitida por la Defensoría al presidente de la República.
La Defensoría solicitó al Gobierno de la República una serie de información relacionada al tema en cuestión, a saber: la definición de la priorización de gastos dada por el señor Presidente de la República, en su anuncio del martes 01 de agosto 2017, ¿se consideraron las obligaciones de derechos humanos del país?
¿Cuáles son las medidas que tomará el Estado costarricense para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos en el contexto fiscal presente? Detallar cómo se asegurará el cumplimiento de los derechos inderogables y de las obligaciones esenciales inmediatas de derechos económicos, sociales y culturales.
¿Con las medidas de contención del gasto, se afectará el cumplimiento progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales de la población? De ser así, cuáles y cómo se garantizará una protección prioritaria a los derechos de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.
¿Se ha comunicado a los órganos de derechos humanos sobre la situación fiscal que vive el país y sus consecuencias en el cumplimiento de derechos humanos del país? De ser así, se ruega suministrar copia a la Defensoría de las comunicaciones remitidas.
¿Cómo se vigilará la medida de realización de los derechos humanos a la luz de lo señalado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales?
Además solicitaron remitir a la Defensoría un cuadro que contenga los presupuestos anuales aprobados en la anterior administración gubernamental y la actual, tanto presupuestos ordinarios como extraordinarios y su nivel de ejecución anual. Asimismo, se solicita presentar el comportamiento o variación anual de estos presupuestos en términos absolutos, relativos y en relación con el PIB.
La Defensoría también solicitó al Poder Ejecutivo que se le mantenga informada mensualmente sobre el impacto de las medidas adoptadas en las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.
