San José, 2 oct (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes hace un llamado al Estado costarricense a reforzar las acciones encaminadas a hacer efectiva la protección de las personas adultas mayores.
Si bien la Defensoría reconoce la voluntad del país al aprobar la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, considera necesario que el país avance en la implementación de las acciones tendientes a dar prioridad al tema del envejecimiento y la vejez en las políticas públicas, y en consecuencia, destinar y gestionar los recursos humanos, materiales y financieros para lograr una adecuada ejecución de este instrumento internacional de Derechos Humanos.
El llamado de la Defensoría responde a las denuncias que continúa recibiendo la institución; y que plantean el reto de eliminar las prácticas discriminatorias en contra las personas mayores, en consonancia con lo que establece la Convención.
En su más reciente informe anual, la Defensoría insistió en el derecho de esta población a un trato diferenciado en el régimen tarifario del sistema de transporte público remunerado de personas (terrestre y marítimo); en la gestión de las solicitudes de pensión del Régimen No Contributivo; así como en la respuesta al impacto de los efectos de la naturaleza sobre las personas mayores.
A la Defensoría le preocupa que, pese a que este instrumento jurídico internacional resulta vinculante en todos sus contenidos, aún no se materializan medidas que reflejen el cambio de paradigma que impone su implementación para hacer efectiva la protección de los derechos de este segmento poblacional conforme con sus necesidades y condiciones particulares.
La Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano manifestó que “de la casuística atendida por la Defensoría se desprende la urgente necesidad de que el Estado adopte las medidas correspondientes para revertir o modificar las situaciones de discriminación fundadas en la edad de la vejez, así como el reconocimiento de derechos específicos mediante la suscripción de instrumentos internacionales como es el caso de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es de carácter vinculante”.
Los obstáculos que enfrentan las personas adultas mayores en el reconocimiento, pleno goce y ejercicio de todos los derechos humanos fueron puestos en conocimiento, por parte de la Defensoría de los Habitantes, a la Experta Independiente para el disfrute pleno de los Derechos Humanos por las personas de edad de las Naciones Unidas; quien visitó el país en mayo del 2016.
En razón de lo anterior, la Defensoría le recuerda al Estado costarricense su deber de cumplir las recomendaciones y observaciones emitidas por la Experta Independiente y que están relacionadas con la discriminación, violencia, abandono; y derecho a la seguridad social; entre otros.
Las personas adultas mayores en el país son alrededor de 440.799, con una proyección de 1.262.311 al año 2050; de ahí que para la Defensoría no se puede postergar más la adopción de medidas para implementar el enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos humanos y el reconocimiento de la dignidad humana sin distinción basada en la edad de la vejez que propone este instrumento regional.
