San José, 31 ene (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes afirmó durante una audiencia oral con magistrados de la Sala Constitucional que las listas de espera en el servicio de salud pública atentan gravemente la calidad de vida de las personas usuarias, pues los tiempos de espera en, muchos de los casos, son irracionales y desproporcionados, y constituyen una violación flagrante al derecho de salud de los habitantes.
La problemática generada por las listas de espera ha sido de constante denuncia ante la Defensoría.
El análisis de las denuncias le ha permitido al ente defensor identificar cómo la existencia de una lista de espera en el sistema de atención en salud, implica una suspensión o prórroga de dicho servicio, que se constituye en una inasistencia clínica, en el tanto los criterios de oportunidad, accesibilidad y calidad que rigen el servicio público, se ven quebrantados ante la falta de respuesta del ente prestatario al habitante que requiere del servicio.
Y es que su impacto en la salud de las personas, puede significar una afectación directa por la falta de atención en el momento que el paciente lo requiere, la ausencia oportuna de un diagnóstico, e incluso el retraso de un tratamiento vital que conduzca a la gravedad e incluso la muerte de la persona.
Si bien las listas de espera con consustanciales a la prestación del servicio de salud, la razonabilidad y proporcionalidad en los plazos, deben caracterizarlas.
No obstante lo anterior, la Defensoría indica que las “Listas de Espera” se han constituido en una fuente permanente de inequidad que plantea serios problema de protección del derecho a la salud de los usuarios de los servicios de salud al constituirse en una evidente violación al derecho a una atención oportuna.
Debemos recordar que la “atención médica integral” involucra la posibilidad para el habitante de requerir un adecuado proceso de atención en salud que conlleve desde la oportunidad de un diagnóstico de calidad, hasta la aplicación del más seguro y eficiente tratamiento.
La garantía constitucional del derecho a la salud encuentra respaldo en los numerales 21, 50 y 33 de la Carta Magna. Tanto la Defensoría como la Sala Constitucional han desarrollado amplia jurisprudencia en el tema, a fin de señalarle a la Administración los parámetros a partir de los cuales debe satisfacer el derecho humano a la salud.
La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo comentó al Tribunal Constitucional que “todos tenemos claro que cada una de las personas que se ubican en una lista de espera tiene un “rostro”, es un ser humano que ve interrumpido un proyecto vital y/o familiar con gran repercusión sobre su calidad de vida, generando sentimientos de impotencia y desamparo; incluso en algunos casos provocando un aumento en la percepción de los síntomas y amenazas de su enfermedad, deteriorando la relación médico-paciente.
“Con el agravante que esta realidad afecta particularmente a la población más vulnerable y más desfavorecida que no tiene la alternativa de recurrir a otro servicio de salud, interrumpiéndose con ello el derecho a la protección de la salud, y además atentándose contra los principios de universalidad, libertad de acceso y solidaridad característicos en nuestro sistema de seguridad social”, agregó.
Para la Defensoría las listas de espera en la realidad nacional evidencian una carencia en la aplicación de criterios de razonabilidad, proporcionalidad en los plazos, una respuesta burocratizada, despersonalizada que no valora la situación de poblaciones particulares como lo pueden ser los adultos mayores, personas con capacidades disminuidas, la niñez, los habitantes de zona rural con dificultad de acceso a los centros de salud, entre otros.
A lo cual debe agregarse la condición de las personas que sufren cáncer y enfermedades crónicas que requieren por parte de la institucionalidad un abordaje y tratamiento especial.
Tampoco es despreciable el hecho de que la lista de espera presente un costo social para la familia y otro económico para el Sistema de Salud Pública.
Tiene costos de tipo administrativos (controles, listas, respuestas y quejas de los pacientes), de salud (controles, nuevos, complicaciones, repetición de pruebas, medicación, derivaciones, urgencia) y laborales (incapacidades, ausencias del trabajos, etc).
Además se produce interrupción del proyecto vital y familiar (la vida se detiene) lo que afecta definitivamente la calidad de vida del habitante, que enfrenta en múltiples ocasiones una sensación de inutilidad, impotencia y desamparo. En este sentido, la orientación y la información a los habitantes es importante para atender este problema: la población debe comprender que hay plazos que son razonables.
Ha preocupado a la Defensoría que ante situaciones de crisis en la gestión de las listas de espera en diferentes hospitales del país, la CCSS reiteradamente sigue proponiendo “soluciones coyunturales a problemas estructurales.”
La Defensoría sostiene que es importante lograr la efectiva ejecución de medidas que sean constantes y sostenibles, y que salvo situaciones especiales, garanticen que las listas de espera en un plazo determinado no se volverán desproporcionadas nuevamente.
Al momento de concluir la ejecución de las medidas y agotarse un presupuesto, la problemática se vuelve a presentar, es decir, no hay consistencia en las medidas implementadas.
No debe perderse la perspectiva de que esta problemática es generada por diversidad de factores, son varias las variables que inciden en su generación, dentro de las cuales se ha subrayado la falta de sistemas de información; dificultades en la formación, dotación y distribución de especialistas; carencias en infraestructura adecuada y falta de equipo médico, añaden.
De conformidad con la información suministrada por la Gerencia Médica de la CCSS en la reunión realizada en la Defensoría de los Habitantes el 31 de octubre de 2018 a esa fecha había un incremento de un 12% en la totalidad de las listas de espera existentes.
La Defensoría de los Habitantes hace un llamado a las autoridades judiciales a realizar un nuevo análisis sobre la temática de listas de espera, considerando las constataciones y recomendaciones que se han efectuado sobre la materia y con el único objetivo de lograr una gestión de las listas de espera en la CCSS.
Para que se garantice acceso a un servicio, atención y tratamiento oportuno, permeado por principios fundamentales como lo son el de la equidad y respeto absoluto a los Derechos Humanos, y que la respuesta del prestador de servicios en salud no sea desde la incertidumbre para la persona usuaria del servicio.
