San José, 8 jul (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes inició una investigación sobre la eventual entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo N° 44.263-MOPT, que transferirá a las municipalidades la atención de más de 3.000 kilómetros de carreteras nacionales.
La Defensoría envió 12 preguntas al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para verificar la legalidad del traslado y garantizar que no perjudique el mantenimiento de los caminos. El ministro Mauricio Batalla debe responder en cinco días hábiles.
Entre las consultas se encuentra si la transferencia fue comunicada formalmente a los gobiernos locales y si participaron en la decisión. “La Defensoría quiere saber si esta medida fue adoptada con el concurso y participación de dichos gobiernos locales, o si es una decisión unilateral del Poder Ejecutivo”, indicó la entidad.
Además, la Defensoría solicitó información sobre la cuantía de los recursos que se transferirán, si están reservados presupuestariamente y si son suficientes para garantizar el óptimo mantenimiento de las carreteras. También preguntó si el MOPT considera que las municipalidades tienen la capacidad técnica y logística para asumir la responsabilidad.
“La Defensoría se interesa por saber si las respectivas municipalidades están preparadas en términos de recursos humanos, administrativos y logísticos, para asumir dicha responsabilidad a partir del presente mes”, señaló la institución.
Por último, la Defensoría cuestionó si el traslado de carreteras a las municipalidades a través de un decreto podría violar el principio de jerarquía de las normas, ya que la Ley General de Caminos Públicos asigna al MOPT la administración de la red vial nacional.
