San José, 12 ago (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes inició una investigación sobre la gestión de proyectos de inversión del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en el Gran Área Metropolitana (GAM), enfocándose en aquellos relacionados con el abastecimiento de agua potable y saneamiento.
La investigación se centra en analizar la información proporcionada por el AyA y datos públicos de la Contraloría General de la República, donde se han detectado retrasos significativos en la ejecución de varios proyectos, algunos con más de una década de atraso o sin avances desde su aprobación. Además, se han identificado diferencias notables entre los costos iniciales y finales, con incrementos que alcanzan hasta el 100% en ciertos casos.
La Defensoría también ha expresado preocupación por la falta de capitalización de varios proyectos ya concluidos, lo que impide que estas inversiones se reflejen en la estructura tarifaria del servicio, afectando los ingresos institucionales. Ante esta situación, se solicitó al AyA información adicional para comprender las causas de estos problemas y verificar la existencia de procesos claros de planificación, priorización y ejecución de las inversiones públicas.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) comunicó a la Defensoría que estos retrasos, cancelaciones y aumentos en los costos, junto con la falta de capitalización de proyectos estratégicos, han dificultado su incorporación en los procesos de ajuste tarifario. Esto impacta directamente los ingresos del AyA y su capacidad para mantener la sostenibilidad financiera a través de las tarifas.
La Defensoría destaca la urgencia de atender la gestión de los proyectos de infraestructura para abordar el rezago tarifario. De no hacerlo, podrían requerirse ajustes tarifarios extraordinarios más elevados en el futuro para asegurar el equilibrio financiero y la continuidad del servicio público. Sin embargo, se enfatiza que estos aumentos no garantizan la eficiencia si no se implementan medidas que promuevan la eficiencia, la transparencia en la gestión y procesos de inversión eficientes.
La situación se agrava por el fenómeno del “agua no contabilizada”, que incluye el agua producida pero no facturada debido a fugas, infraestructura obsoleta o pérdidas físicas. Según datos del AyA, en 2021 solo el 41% del agua producida fue facturada, lo que significa que casi 6 de cada 10 litros se pierden antes de llegar al usuario final.
La investigación en curso busca determinar si el AyA cuenta con procesos efectivos para asegurar el uso responsable y transparente de los fondos destinados a infraestructura.
La Defensoría evaluará los informes y, de ser necesario, emitirá recomendaciones para fortalecer la capacidad del AyA de garantizar el acceso universal y asequible al agua potable y al saneamiento, en cumplimiento del derecho humano al agua y los principios de una gestión pública responsable.
