San José, 15 abr (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes inició una investigación sobre el financiamiento del sector agrícola no exportador por parte de la banca pública, con un enfoque en derechos humanos y desarrollo sostenible.
El estudio analizará el uso de indicadores de productividad, acceso al crédito y reducción de brechas socioeconómicas, aplicando análisis comparativos y revisión de normativa.
La Defensoría solicitó información al Banco Nacional y al Banco de Costa Rica sobre sus políticas, criterios para definir condiciones de financiamiento, programas para pequeños productores, mujeres rurales, jóvenes y adultos mayores, y líneas de crédito para prácticas sostenibles y tecnologías verdes.
“La Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional N° 1644, establece disposiciones específicas sobre las operaciones de crédito para el sector agrícola”, explicó la Defensoría.
Además, se solicitaron datos estadísticos de los últimos 10 años sobre montos de crédito desembolsados, beneficiarios, tasas de interés, participación del sector en la cartera crediticia y motivos de rechazo de solicitudes.
La Defensoría también busca conocer la asistencia técnica brindada, las barreras identificadas para el acceso al crédito, y los mecanismos de seguimiento del impacto de los créditos.
Finalmente, se consultó sobre la articulación con instituciones como el INDER, el MAG y el Sistema de Banca para el Desarrollo, así como la participación en programas de inclusión financiera rural y educación financiera para productores.
