Redacción, 19 abr (elmundo.cr)- La Defensoría de los Habitantes instó este martes a que Costa Rica junto con los demás países de la región despleguen todos los esfuerzos de diálogo necesarios para la búsqueda de soluciones integrales a la situación que vive la población migrante y solicitante de refugio que se encuentra actualmente en la frontera sur del país, de tal manera que se unifiquen las políticas migratorias en lo referente a la atención de estos flujos de personas.
Para la Defensoría, la atención del tránsito de las personas migrantes debe abordarse “con un enfoque de derechos humanos, de tal manera, que su necesidad de desplazamiento hacia otros países, por múltiples factores, no sea aprovechada por organizaciones dedicadas al tráfico ilícito y la trata de personas”.
La situación socioeconómica, política, ambiental y en materia de seguridad ciudadana son los principales factores de expulsión y atracción que llevan a la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las personas migrantes, dijo la Defensoría.
Para la Defensoría es “urgente” ofrecer una atención integral a aquellas personas que se encuentren en mayor vulnerabilidad, como es el caso de los niños, niñas y adolescentes, las mujeres embarazadas, personas adultas mayores, personas con discapacidad y aquellas que requieran de una atención diferenciada “en virtud de la situación de extrema vulnerabilidad por la condición en la que se encuentran”.
“Es obligación de los Estados hacer todos los esfuerzos a su alcance, llámese acciones diplomáticas, humanitarias y de cualquier otra índole, que permita alcanzar una negociación de soluciones regionales a la situación, no solo de quienes ingresan o transitan por la región sino también de la situación de los y las centroamericanos que migran de nuestros países hacia otras regiones del mundo”, dijo la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni.
Según la institución, los Gobiernos tienen la obligación de “respetar, proteger y garantizar” los derechos humanos de las personas migrantes en general, y particularmente de aquellos que se encuentran en su territorio bajo su jurisdicción, “más allá de un enfoque de control migratorio”.
La Defensoría afirmó que estará “atenta” a las condiciones en las que permanecerán estas personas mientras se encuentren en territorio costarricense y en relación con los procedimientos migratorios que se iniciarán para atender su situación en el país.
Asimismo, informó de que ya está realizando diálogos con las instituciones homólogas de la región para aunar esfuerzos y propiciar los espacios de coordinación que se requieran en aras de garantizar la protección de los derechos humanos estas personas.
