San José, 10 dic (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, insiste en que Costa Rica debe redoblar esfuerzos para atender de manera integral el aumento de la desigualdad, marcada por la pobreza; y para combatir la violencia y la inseguridad ciudadana.
De acuerdo con el Preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, “sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”.
Lamentablemente, según el XXI Informe Estado de La Nación, en el 2014 la pobreza alcanzó a un 22,4% de los hogares, de los cuales un 6,7% eran pobres extremos, y al menos uno de cada cinco costarricenses no satisface sus necesidades básicas para vivir dignamente.
Esta situación cercena su libertad y exige del Estado tomar medidas concretas y eficaces para mejorar progresivamente sus condiciones de vida. Esta obligación está consagrada por los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Civiles y Políticos, que fueron adoptados hace 50 años y ratificados por el país desde 1968.
Las personas que más acuden a la Defensoría provienen de zonas rurales o urbano marginales, de bajo nivel de desarrollo social; hecho que pone de manifiesto que detrás de cada solicitud de intervención que presentan las y los habitantes existe la necesidad de que el Estado asegure las condiciones necesarias para una vida digna.
De cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Estado tiene un compromiso de realizar los máximos esfuerzos para no dejar a nadie rezagado de los frutos del bienestar.
La posición económica y social de estos habitantes del país les expone a diversas manifestaciones de discriminación que afectan, principalmente, a niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, pueblos indígenas; y población afrodescendiente.
La manifestación más brutal de la discriminación en el país se evidencia en el acoso y la violencia física, psicológica, financiera y hasta institucional que viven muchas personas por su condición social, género, edad, origen étnico, orientación sexual u otros. Frente a esas manifestaciones de violencia, funcionarios y funcionarias tienen una especial obligación de garantizar los derechos de las víctimas a través de la denuncia y asegurando el acceso a mecanismos de protección, justicia y reparación.
Finalmente, la pobreza genera una mayor exposición de distintas poblaciones del país a la inseguridad ciudadana. El Estado debe tomar todas las medidas posibles para asegurar su presencia institucional, a través de servicios sociales, de salud, educativos e incluso financieros, en aquellas zonas acechadas por el hampa para no incrementar la vulnerabilidad de estas poblaciones.
La Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni, mencionó que “el Estado costarricense no puede escatimar esfuerzos en su obligación de revertir la desigualdad y avanzar hacia el ideal de que todas las personas que habitan el territorio vivan libres de miseria, libres de inseguridad”.
En lo que va de este año la Defensoría se ha pronunciado ante algunas situaciones que podrían atentar contra los derechos humanos de las poblaciones con menos recursos económicos del país, tales como: las posibles limitaciones para acceder a viviendas de interés social, los trámites burocráticos para solicitar una beca y el peso del déficit fiscal en los más pobres; además ha salido en defensa de las personas usuarias de los servicios de electricidad, gas y transporte público.
Para la Defensoría, en este Día Internacional de los Derechos Humanos el país debe sumarse al llamado que hace la Organización de Naciones Unidas (ONU) a conmemorar el 50 aniversario de ambos Pactos; promoviendo la necesidad de garantizar las libertades fundamentales y proteger los derechos humanos de todos y todas.
