San José, 07 jul (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes advirtió sobre una situación de alto riesgo en los centros penitenciarios del país, debido al creciente déficit de agentes de la Policía Penitenciaria, lo que compromete la seguridad institucional y los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
Según el informe presentado por la Defensoría tras una investigación de oficio iniciada en 2023, el faltante de personal pasó de 1.754 plazas en ese año a un total de 2.722 en abril de 2025, lo que agrava las condiciones laborales de los funcionarios penitenciarios y las garantías básicas de la población recluida.
Las inspecciones realizadas por el órgano defensor en diversos centros penitenciarios revelaron un panorama preocupante: altos niveles de agotamiento físico y emocional del personal, recargo de funciones, acumulación excesiva de vacaciones no disfrutadas y serias limitaciones en los servicios de atención médica, técnica y educativa a las personas privadas de libertad.
Además, la Defensoría constató que la falta de recurso humano afecta la operatividad general de los centros, compromete la seguridad interna, provoca retrasos en los traslados médicos y judiciales, limita el contacto de los reclusos con sus familias e incrementa el riesgo de motines y fugas.
Recomendaciones urgentes al Ministerio de Justicia y Hacienda
Ante esta situación, la Defensoría recomendó al Ministerio de Justicia y Paz adoptar medidas presupuestarias, administrativas y logísticas urgentes para fortalecer la contratación y reposición progresiva del personal penitenciario.
Como parte de sus recomendaciones, la institución solicitó:
- Presentar, en julio de 2025, un informe detallado sobre el déficit de agentes penitenciarios en cada centro del país.
- Implementar un sistema de información semestral que identifique con antelación los funcionarios que se acogerán al derecho de jubilación, con el fin de proyectar la cantidad de plazas vacantes anualmente.
- Establecer un sistema actualizado que registre las plazas vacantes producto de fallecimientos, renuncias o despidos de agentes, por cada centro penitenciario.
Por su parte, al Ministerio de Hacienda se le instó a realizar las gestiones necesarias para garantizar el presupuesto que permita nombrar a los 2.722 agentes penitenciarios faltantes, con el fin de asegurar el funcionamiento adecuado y seguro de los centros carcelarios del país.
La Defensoría concluyó que atender este déficit es una necesidad impostergable, tanto para garantizar los derechos laborales del personal penitenciario como para salvaguardar los derechos fundamentales y la integridad de la población privada de libertad.
