San José, 24 may (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes insiste en que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) falta a su deber de transparencia al someter a audiencia pública una propuesta para fijar el margen de comercialización a las estaciones de servicio que expenden combustibles sin dar a conocer la hoja de cálculo o el modelo digitalizado y los datos.
Según el ente defensor con esta metodología la Autoridad Reguladora pretende, entre otras cosas: especificar las características requeridas por una estación de servicio, para brindar el servicio de distribución de combustibles, contar con procedimientos de cálculo de tarifas que sean más transparentes, comprensibles y verificables; especificar y acotar la estructura de costos y gastos a los necesarios para prestar el servicio; y reconocer en la estructura de costos y gastos, los recursos necesarios para cumplir con la normativa de seguridad y calidad, además de promover su aplicación en las estaciones de servicio.
La Defensoría comparte las motivaciones de la Autoridad Reguladora para revisar el mecanismo de fijación de precios para el sector de expendedores, sin embargo, muestra su preocupación por que el modelo propuesto consiste en una serie de fórmulas matemáticas (24 ecuaciones en total), con sus respectivas variables conceptuales, sin incluir aspectos como los datos de gasto, costo, ingreso, inversiones, inventarios y la información estadística necesarias para echar a andar el modelo.
Por esta razón, la Defensoría no concibe cómo la ARESEP insiste en llevar a audiencia pública una propuesta metodológica que no es posible evaluar por parte de los interesados, ya que no permite vislumbrar su impacto en los precios internos de los combustibles y sobre los costos de los operadores de este servicio público, introduciendo incertidumbre sobre sus efectos en los consumidores de este servicio público.
La Defensoría manifestó su preocupación de que se apruebe esta metodología tal como la presenta la ARESEP, y que con su aplicación se detecten errores que afectan a usuarios o prestadores, lo que haría necesario un nuevo proceso de audiencia pública para analizar una nueva propuesta. Recuerda la Defensoría que esta metodología sometida a audiencia por parte de la Aresep se comenzó a gestar en el año 2005.
Esta misma preocupación la manifestó la Defensoría cuando, de forma similar, la ARESEP sometió a audiencia pública y aprobó una metodología para determinar el margen de operación de RECOPE y fijar el precio de los combustibles que expende dicha empresa, sin que se contara con el modelo digital ni la información necesaria para realizar simulaciones y evaluar los resultados de su eventual aplicación.
