San José, 09 jul (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes advirtió que la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo (DNI), adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), enfrenta serias limitaciones para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral en Costa Rica debido a la falta de recursos humanos, financieros, tecnológicos y de infraestructura.
Un inspector por cada 15.220 trabajadores
Según el informe de la Defensoría, actualmente la DNI cuenta con solo 80 personas inspectoras y 23 coordinadoras, sumando 103 funcionarios para atender a más de 1,6 millones de trabajadores en el país. Esto significa que existe apenas un inspector por cada 15.220 trabajadores, una proporción que la institución considera insuficiente para cubrir las necesidades de vigilancia y control.
La Defensoría estima que la DNI requiere al menos un 50% más de personal para cumplir adecuadamente con sus funciones. La situación es especialmente crítica en algunas oficinas regionales, donde solo hay un coordinador y un inspector para cubrir extensos territorios. Incluso, la sede regional Brunca opera actualmente sin inspectores.
Presupuesto en descenso y fondos no asignados
El informe señala que el presupuesto de la DNI ha venido disminuyendo de manera sostenida desde 2019 hasta 2024. A pesar de que el Código de Trabajo (artículo 679) establece que el 50% del total recaudado por concepto de multas laborales debe ser asignado a la DNI para fortalecer sus sistemas de inspección, estos fondos no han sido transferidos desde 2019. Esta omisión ha agravado la crisis presupuestaria, limitando la contratación de personal y el mantenimiento de la infraestructura.
La falta de recursos ha provocado problemas como:
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Insuficiencia de viáticos para inspecciones de campo.
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Escasez de suministros básicos (papel, limpieza).
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Flota vehicular inadecuada para las labores de inspección.
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Oficinas con órdenes sanitarias pendientes de cumplir.
Cierre y precariedad en oficinas regionales
En materia de infraestructura, la oficina de Quepos se encuentra en proceso de cierre debido a una orden sanitaria. Existen restricciones legales para alquilar nuevas oficinas, lo que dificulta la apertura de sedes alternativas. La Defensoría advierte que, por falta de presupuesto, la DNI no puede atender las necesidades de mantenimiento, lo que podría llevar al cierre de más oficinas y obligar al traslado o la firma de convenios con otras instituciones para el uso de inmuebles.
Recomendaciones urgentes
La Defensoría de los Habitantes recomendó al MTSS:
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Revisar urgentemente las razones por las cuales la DNI no recibe el 50% de las multas recaudadas por infracciones laborales.
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En caso de corresponder, gestionar de inmediato la asignación y ejecución de esos fondos.
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Investigar posibles responsabilidades administrativas por la falta de transferencia de recursos y aplicar acciones correctivas.
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Mejorar la planificación estratégica y la ejecución de recursos, apoyando a la DNI con personal de otras oficinas y gestionando la creación de nuevas plazas para fortalecer la inspección laboral.
La institución subraya la urgencia de atender estas debilidades para garantizar la protección efectiva de los derechos laborales en el país.
