Defensoría exige más fondos al Gobierno para combatir la violencia contra las mujeres

» Los femicidios van en aumento en Costa Rica y las instituciones públicas carecen de recursos para atender la problemática.

San José, 31 may (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes urgió hoy al Poder Ejecutivo a dotar de más recursos a la institucionalidad pública para enfrentar la creciente violencia contra las mujeres.

En 2023, Costa Rica registró 72 muertes violentas de mujeres, 18 de las cuales fueron femicidios. En lo que va de 2024, la tendencia es al alza. “Las mujeres son asesinadas a manos de sus compañeros con mayor crueldad y desprecio por sus vidas”, advirtió la Defensoría.

Según la Defensoría, la prevención de la violencia contra las mujeres ha quedado relegada, y la efectividad en la atención y la justiciabilidad son limitadas. “Toda esa violencia es prevenible y demanda mayores esfuerzos para evitarla”, enfatizó.

A pesar de nuevas disposiciones y protocolos, la Defensoría considera que las metas institucionales son exiguas en relación con la magnitud del problema.

Además, los recursos presupuestarios son “insuficientes en lo material, recurso humano, cobertura territorial, seguimiento y sostenibilidad”.

La Estrategia de Atención Itinerante, liderada por el INAMU, busca brindar servicios especializados a mujeres afectadas por violencia en zonas de difícil acceso.

Sin embargo, depende de la “capacidad y disposición personalísima” de funcionarias y funcionarios, que necesitan recursos urgentes.

Diputadas de la Asamblea Legislativa también han pedido recursos para abordar este problema. La Defensoría sugiere considerar levantar la regla fiscal para las instituciones del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar, o aprovechar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para ceder espacio de crecimiento en el gasto corriente.

La Defensoría solicitó al presidente de la República un informe sobre las acciones que se adoptarán para dotar de recursos a las instituciones, priorizando esta inversión social y de seguridad.

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