San José, 19 feb (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Justicia y Paz, en su calidad de ente rector del sector de seguridad ciudadana y justicia, información detallada sobre los avances en el diseño y ejecución de la Política de Integridad y Prevención de la Corrupción.
Esta solicitud se produce en un contexto de preocupación por la reciente caída de Costa Rica en el Índice de Percepción de la Corrupción.
El país experimentó un descenso de dos puntos porcentuales en el índice, pasando de 58 a 56, lo que lo aleja del promedio de “democracias plenas” a nivel mundial (73 puntos).
Además, esta puntuación está por debajo de la de Uruguay, el país con mejor desempeño en la región, del promedio de la OCDE (64 puntos) y de la mejor puntuación histórica de Costa Rica en este índice (59 puntos en 2017). Actualmente, Costa Rica ocupa el décimo lugar en América Latina.
La Defensoría cuestionó al Ministerio de Justicia sobre varios aspectos clave de la política, incluyendo la existencia de un marco estratégico con metas e indicadores, el modelo de gestión y gobernanza, y un sistema de monitoreo y evaluación. También se solicitó información sobre el progreso del plan de acción y el sistema de gestión de riesgos, así como la fecha prevista para su finalización.
Además, la Defensoría requirió detalles sobre los resultados obtenidos en cuanto a los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo, como los mecanismos para incentivar la denuncia de actos de corrupción y las sanciones aplicadas.
Finalmente, la Defensoría solicitó al Ministerio información sobre el cumplimiento de las líneas de trabajo establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2027 para prevenir y sancionar la corrupción.
Estas líneas incluyen el fortalecimiento de la Estrategia de Gobierno Abierto, la promoción de la transparencia e integridad en gobiernos locales, acciones para evitar conflictos de interés, la creación de registros de lobbistas y la promoción de auditorías ciudadanas.
