San José, 06 may (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Educación Pública (MEP) revertir la eliminación del Programa de Afectividad y Sexualidad Integral, calificando la decisión como “un retroceso en la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia”.
La decisión fue tomada por el Consejo Superior de Educación (CSE) el pasado 16 de enero de 2025.
La Defensoría argumenta que el nuevo Programa de Educación para la Paz y la Convivencia no cumple con los objetivos del programa anterior, vigente desde 2013, al excluir contenidos clave como salud sexual, diversidad, identidad de género y derechos sexuales y reproductivos.
El informe de la Defensoría destaca que la educación integral en sexualidad es un derecho humano reconocido por organismos internacionales como el Comité de Derechos del Niño y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). La supresión del programa, por lo tanto, contraviene compromisos internacionales asumidos por Costa Rica.
Las recomendaciones de la Defensoría incluyen la reactivación del programa, la revisión y evaluación periódica del mismo con respaldo técnico, y la participación del estudiantado y personal docente en la revisión y actualización.
“Cualquier cambio en los programas educativos deben estar respaldados por estudios técnicos que evalúen sus posibles efectos en la salud, derechos humanos y desarrollo de las y los adolescentes,” afirmó la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.
“Para tal efecto es necesario e indispensable involucrar a personas expertas y organizaciones de derechos humanos en la toma de decisiones, con el fin de garantizar el respeto a los derechos de las personas menores de edad, con estándares internacionales y de cumplimiento de mejores prácticas”, agregó.
La Defensoría también recomendó promover la participación de la comunidad estudiantil, fomentar espacios de diálogo y participación, y capacitar a los docentes. Además, instó al MEP a monitorear y evaluar continuamente los programas y a respetar las recomendaciones de organismos internacionales.
La Defensoría fundamenta sus recomendaciones en el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos. Advierte que la eliminación del programa podría aumentar los riesgos de discriminación, exclusión y violencia, especialmente hacia estudiantes LGBTIQ+, así como adolescentes madres, personas migrantes, indígenas, con discapacidad y podría incrementar las estadísticas de embarazos en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual.
