San José, 06 nov (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes expresó su profunda preocupación y solidaridad con más de 600 familias afectadas por la suspensión de las licencias de personas cuidadoras de pacientes en fase terminal, menores de edad gravemente enfermos y otras situaciones excepcionales.
La institución ha recibido testimonios de personas cuidadoras angustiadas por la falta de recursos económicos para cubrir necesidades básicas como alimentos, implementos médicos, medicamentos y artículos de higiene.
“La imposibilidad de adquirir alimentos, implementos médicos, medicamentos, artículos básicos de higiene refleja una situación apremiante para estas familias y demanda acciones urgentes por parte del Estado”, señalaron.
Ante esta situación, la Defensoría hizo un llamado al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, para que impulse en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que busca una solución estructural y permanente al financiamiento de estas licencias. El objetivo es “garantizar la continuidad y sostenibilidad del programa en el tiempo”.
La Defensoría ofreció su mediación y buenos oficios para facilitar el diálogo entre el Poder Ejecutivo, las instituciones involucradas y los sectores afectados. El objetivo es alcanzar un acuerdo que devuelva la tranquilidad a las familias y garantice la protección de quienes requieren cuidados continuos.
La Defensoría ha realizado diversas acciones desde que se conoció la situación, incluyendo la convocatoria a autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) para buscar alternativas.
También se realizaron gestiones ante la CCSS, PANI, CONAPAM, CONAPDIS y el Ministerio de Hacienda, para explorar nuevas vías de financiamiento y ha monitoreado la aprobación de un presupuesto extraordinario para el 2025.
