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Defensoría exige a la CCSS y a DESAF garantizar pagos de licencias de cuido ante riesgo de suspensión

San José, 27 oct (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes solicitó cuentas de manera urgente a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF), ante el inminente riesgo de que se suspendan los subsidios para personas trabajadoras que cuidan a pacientes en fase terminal o menores de edad gravemente enfermos.

La alerta surge tras confirmarse que los recursos disponibles para este programa, amparado en la Ley N.° 7756, son insuficientes para cubrir las obligaciones de noviembre y diciembre de 2026.

Según datos de la propia CCSS, al 8 de octubre el programa contaba con ₡375,9 millones, una cifra inferior al gasto mensual promedio, que asciende a ₡401,3 millones. Informes más recientes, con corte al 22 de octubre, indican que la disponibilidad se redujo a apenas ₡160,9 millones, tras haber ejecutado el 96,08% del presupuesto anual.

“La coordinación entre instituciones es fundamental para garantizar respuestas oportunas. Las dificultades administrativas no deben poner en riesgo el bienestar de las familias que dependen de estas licencias. Es momento de fortalecer el diálogo y construir soluciones conjuntas que garanticen la continuidad de este apoyo”, señaló la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

La institución advirtió que la crisis no es nueva, pues la CCSS ha señalado la necesidad de un reforzamiento presupuestario desde enero de 2026. Incluso, desde julio pasado, la Presidencia Ejecutiva de la Caja identificó faltantes que oscilarían entre los ₡155 millones y los ₡991 millones, dependiendo de la demanda.

Sin embargo, el proceso para solventar el déficit se encuentra estancado. Mientras DESAF requiere la liquidación financiera de 2025 e informes de 2026 para valorar el refuerzo, la CCSS reconoció el 12 de octubre que carece de fecha para completar dicha información debido a problemas con sus cierres contables y el sistema ERP-SAP.

Para la Defensoría, una interrupción en estos pagos comprometería la estabilidad económica de hogares vulnerables y afectaría derechos fundamentales como la salud, la vida familiar y el interés superior de los menores.

Ante esto, el ente defensor exigió un plan inmediato para garantizar los pagos, la actualización del monto faltante y la aclaración sobre si se ha activado el mecanismo del artículo 10 de la Ley 7756 —reformado en marzo de 2026—, que permite transferencias extraordinarias para este fin.

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