San José, 11 nov (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes salió en defensa de los abonados del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), y pide a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) desestimar la solicitud hecha por la institución para aumentar las tarifas de los Sistemas de Generación, Transmisión, Distribución y Alumbrado Público.
El ente defensor considera que los estudios tarifarios base se elaboraron utilizando estructuras de costos y gastos sobrevalorados; de manera que se estaría lesionando los derechos e intereses de los usuarios de energía en el país, pues las tarifas así aprobadas serían superiores a las realmente necesarias por el operador.
En su argumentación ante la Aresep, la Defensoría sostiene que las estimaciones y proyecciones de costos y gastos que contienen estas solicitudes del ICE se realizaron con base en “Premisas Económicas para el período 2014-2017 sobre inflación interna, inflación externa y tipo de cambio, según las estimaciones vigentes en el Programa Macroeconómico 2016-2017 del Banco Central de Costa Rica para el segundo semestre de 2016.
Por ejemplo, la tasa de inflación contemplada en la revisión del Programa Macroeconómico 2016-2017, mantiene la meta de inflación interanual en 3% con un rango de tolerancia de más/menos 1. Sin embargo, en las solicitudes tarifarias del ICE se pretende un aumento del 5,85% para el sistema de transmisión, 9.75% para el sistema de distribución y un 25,09% para el sistema de alumbrado público aplicables a partir de enero del 2017.
Estos ajustes en las tarifas superan sustancialmente el índice de inflación interna proyectada para el 2017, lo cual, no se justifica debido a que no hay evidencia de que los insumos utilizados por la generación de energía eléctrica hayan aumentado más que el índice de inflación y además, debe considerarse que es un servicio público que dentro de sus usuarios hay una población amplia de escasos recursos y de empresas participando en mercados competitivos.
Lo anterior, sugiere la necesidad de que ARESEP revise con detalle y cuidado los estados de costos e ingresos que sustentan las solicitudes tarifarias pretendidas por el ICE. Debido a esta situación, considera esta Defensoría, que de aprobarse las solicitudes del ICE, se ocasionaría un importarte perjuicio sobre el sector productivo y el bienestar de los costarricenses.
Al respecto, debe tenerse presente que la última fijación tarifaria para el servicio de electricidad se aprobó por la Autoridad Reguladora el 15 de diciembre de 2015 y entró a regir el 21 de diciembre de 2015; consecuentemente, no parece razonable que el ICE alegue un rezago su tarifas que pueda justificar sus pretensiones.
Debido a lo anterior, la Defensoría considera que las proyecciones de costos y gastos realizados por el ICE en cada una de sus solicitudes deben ser replanteados técnicamente, Esto por cuanto, las solicitudes presentadas, que se basan en las estimaciones de variables macroeconómicas realizadas por el Banco Central de Costa Rica, para el segundo semestre de 2016, no corresponden con la realidad actual y no pueden utilizarse como justificación técnica para los aumentos tarifarios pretendidos por el operador.
