San José, 10 ene (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes intervino ante las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP), para que ordene la reubicación temporal de la Escuela de Bahía Drake para el curso lectivo 2019.
La solicitud de la Defensoría se da tras estudiar una denuncia en la que se expuso que desde hace aproximadamente diez años el MEP conoce que el centro colinda con un talud que se encuentra en la parte posterior del inmueble que presenta problemas de inestabilidad, construido hace más de 45 años en zona marítimo terrestre; sin que a la fecha se concrete un proyecto para dotar a la comunidad estudiantil de un edificio seguro.
Si bien la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del MEP, informó a la Defensoría que durante estos años ha acompañado a la comunidad en la búsqueda de un terreno apropiado para reubicar la Escuela Drake.
Para la Defensoría resulta absolutamente desproporcional el tiempo transcurrido sin que el ministerio ejecute una medida como por ejemplo, el alquiler de un lugar para que los 102 niños y niñas encuentren un lugar seguro así como los 13 trabajadores entre docentes y personal administrativo; se adquiera a la brevedad el terreno y se ejecute la construcción de una nueva edificación.
En razón de lo anterior, en un Informe Final con Recomendaciones notificado a las autoridades del MEP, la Defensoría externó al ministro de Educación, Edgar Mora, investigar las posibles faltas en la tramitación de la compra del terreno de la Escuela de Bahía Drake, en vista que todas las instancias conocían y coincidían en el peligro eminente en el que se encuentran los niños, niñas y demás integrantes de la comunidad educativa. Asimismo, ordenar la reubicación temporal del centro educativo para el año 2019.
También, la Defensoría solicitó a la auditoría del MEP valorar la realización de una investigación sobre la gestión de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo en la oportuna y diligente atención de este caso, considerando el riesgo reconocido.
Por último, pidió a esta misma Dirección de Infraestructura remitir a la Defensoría un informe sobre el plan de ejecución de la compra del terreno, e informar a la comunidad sobre la proyección del proceso.
“La Defensoría de los Habitantes ha insistido que la protección de la integridad de las personas menores de edad debe de ser una prioridad para el Estado; por ello resulta inadmisible que, una década después, y conociendo el riesgo ante un evento natural, las autoridades sigan sin resolver esta situación en definitiva”, manifestó Catalina Crespo, defensora de los Habitantes.
