San José, 8 dic (elmundo.cr) – En el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemorará el próximo domingo 10 de diciembre, la Defensoría de los Habitantes recuerda a las autoridades públicas que el Estado debe acelerar el reconocimiento y garantía progresiva de los derechos humanos, puesto que manifestaciones de violencia y discriminación son amenazas permanentes que atentan contra la dignidad de las personas.
El cumplimiento de los derechos humanos es el fin del Estado, pues garantiza que cada persona pueda desarrollar, libre y plenamente, un proyecto de vida, tanto en lo individual como en su comunidad. El camino a la paz plena y duradera pasa por el respeto a los derechos humanos, tal como nos lo recuerda el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “… la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.
Para el ente defensor el país debe asumir la tarea de asegurar un mayor bienestar para toda la población para la erradicación de la pobreza, sin exclusión, sin etiquetas, sin hambre, sin miedo, sin violencia, sin corrupción, en aras de enfrentar las desigualdades entre las personas y proteger, en todo momento, la dignidad de las personas.
La Defensoría le recuerda al Estado que los derechos humanos no se cumplen solamente ratificando tratados, sino que se deben adoptar políticas públicas para asegurar el pleno goce de los derechos humanos de todos los y las habitantes, sin distinción; en especial de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad como es el caso de las personas indígenas, adultas mayores, con discapacidad, afrodescendientes, LGBTI, migrantes, personas en situación de pobreza; así como la niñez y adolescencia del país.
La Defensoría insiste en la necesidad de adoptar una ley para prevenir y sancionar todas las formas de discriminación, vacío legal que el Estado, que el Estado se había comprometido a llenar hace más de medio siglo. Dicha normativa debe asegurar una prohibición general de la discriminación y disposiciones que permitan una reparación a las personas que la sufren. En ese sentido, llama a apoyar el proyecto de ley No. 20 174, “Ley Marco para prevenir y sancionar todas las formas de discriminación, racismo e intolerancia”.
También es urgente que el país cumpla con sus compromisos en el marco del Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos, que si bien va por su tercer quinquenio, a la fecha Costa Rica no ha cumplido con los objetivos de la primera fase, que se refiere a la inclusión de derechos humanos en primaria y secundaria. Costa Rica ni siquiera cuenta con una política o al menos un programa de educación en derechos humanos, a pesar de ser uno de los países que aboga recurrentemente por la adopción de resoluciones sobre educación en derechos humanos en los foros internacionales de derechos humanos.
Asimismo, Costa Rica requiere una política de empleo basada en los derechos humanos, con un enfoque de género, que visibilice el desempleo por grupo social y que responda a las necesidades actuales de toda la población.
Según la Defensoría el Estado costarricense también incumple obligaciones para con los niños, las niñas y adolescentes, cuando no destina un presupuesto específico al seguimiento de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia, y la Agenda Nacional, o cuando en la discusión de los presupuestos de la República se valora reducir los recursos para defender y garantizar los derechos de la niñez.
En materia de derecho a la salud y del derecho a la seguridad social, cuyas vulneraciones generan gran cantidad de denuncias ante la Defensoría, es urgente que la Caja Costarricense del Seguro Social incluya un enfoque de derechos humanos en su normativa y políticas internas, en particular, la de aseguramiento.
“Si bien es innegable que Costa Rica ha tenido un merecido reconocimiento por su liderazgo en la región y en el mundo en materia de derechos humanos, debe asegurar que éstos se conviertan en una realidad cotidiana en la vida de su población. Desde su creación, la Defensoría ha venido alzando su voz acerca de los pendientes que se deben atender para garantizar el goce pleno de los derechos humanos de las y los habitantes del país”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano.
