San José, 31 mar (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes ha venido dirigiendo, en los últimos días, una serie de acciones en protección de los habitantes, ante la pandemia que afecta al país, a partir de su competencia de órgano de control de legalidad.
De ahí que solicitó a varias entidades públicas cuentas sobre aspectos relacionados con la atención de los habitantes.
En el caso del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) elevó una gestión para que informen sobre las previsiones adoptadas en relación con el trabajo urgente/ordinario de las oficinas locales, en especial para la atención de los casos “Prioridad”, asimismo como las disposiciones para enfrentar esta pandemia tanto en los albergues como los centros de cuido privados acreditados por el PANI.
Cabe destacar que personal de la Defensoría realizó un monitoreo telefónico a albergues del PANI para determinar y verificar condiciones e implementación de lineamientos especiales.
Asimismo, la Defensoría pidió al IMAS un detalle de las medidas implementadas para la emergencia así como la asignación de recursos presupuestarios suficientes para atender los casos que se encontraban pendientes de resolución y la eventual nueva demanda, por el agravamiento de las condiciones socio-económicas de las personas y sus familias con motivo de esta crisis.
Para la Defensoría es fundamental conocer si existe riesgo de que algunos de los programas y beneficios que brinda el IMAS se vea reducido por esta situación.
De igual forma, la Defensoría pidió a la Gerencia Médica de la CCSS un informe sobre las acciones que se han implementado para articular y coordinar con los equipos médicos del sistema penitenciario nacional.
Es criterio de la Defensoría, que, de acuerdo a las características de los centros penitenciarios, deberán tomarse medidas extremas y diferenciadas en aquellos lugares que presentan una gran cantidad de movimientos como lo son la Unidad de Pensiones Alimentarias y las cárceles de Indiciados, que, por la circulación de los mismos, requieren de medidas extraordinarias de atención y abordaje.
Igualmente resulta de especial preocupación para esta Defensoría la situación del CAI Adulto Mayor, considerando que es población de riesgo por la edad que tiene y las enfermedades crónicas que les caracterizan.
También elevó una misiva a la Ministra de Justicia y el Ministro de Salud con respecto a la importancia de reforzar los recursos (talento humano, instalaciones de atención, equipos de protección personal y equipamiento) para intensificar la búsqueda activa y tratar de lograr ampliar los horarios de atención, de tal suerte que, detectado un caso, sea atendido y aislado en el momento y lugar oportuno.
Considera la Defensoría que se debe garantizar que el personal sanitario de los centros dispone de las condiciones de protección adecuadas en cantidad y calidad, la directriz y ejecución de la limitación absoluta de traslados entre centros y el impedimento de entregas de paquetes y encomiendas a las personas privadas de libertad, son sólo algunas medidas que podrían implementarse.
Por otra parte, la Defensoría gestionó ante la Presidencia de la República para conocer las medidas para la atención de la condición de vulnerabilidad de las personas con discapacidad ante la emergencia sanitaria.
La Defensoría considera que es fundamental la coordinación interinstitucional (identificando a los responsables de las acciones) para que las personas con discapacidad, adultos mayores y niños, niñas y adolescentes y mujeres en estado de vulnerabilidad que residen en albergues, cuenten con la atención debida y quienes trabajen en estos Centros, tengan el equipo necesario para atender una posible emergencia provocada por el COVID-19.
También, es de suma importancia la definición de ayudas económicas para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en estado de vulnerabilidad durante la atención de la crisis del COVID-19.
Estas acciones impulsadas por la Defensoría se suman al seguimiento que se ha venido realizando de las medidas relacionadas con la población adulta mayor, migrantes, e indígenas; así como situaciones relacionadas con el suministro de agua, la seguridad social, los derechos laborales y educación.
