San José, 01 abr (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes reveló este miércoles que al menos 36 centros de cuido y larga estancia para adultos mayores, que reciben financiamiento del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), han recibido órdenes sanitarias del Ministerio de Salud entre 2019 y 2025.
La investigación de la Defensoría, realizada de oficio, evidenció importantes inconsistencias en el manejo de la información entre ambas instituciones, lo que podría estar afectando la protección de los derechos de esta población vulnerable.
El informe de la Defensoría destaca que, mientras el Ministerio de Salud reporta 36 centros con órdenes sanitarias, el CONAPAM solo reconoce seis. Esta disparidad en los datos genera preocupación, ya que dificulta el seguimiento adecuado de las condiciones en las que se encuentran estos centros y el cumplimiento de las órdenes emitidas.
La investigación de la Defensoría encontró casos preocupantes, como el de un hogar en el cantón de Mora, donde las autoridades sanitarias informaron al CONAPAM sobre la necesidad de atención, sin obtener respuesta.
Además, se detectó un centro con cierre técnico que no figura en los registros del CONAPAM, a pesar de que se intenta abrir un nuevo hogar en el mismo lugar con otra cédula jurídica, sin cumplir con la normativa.
Asimismo, la Defensoría identificó que un hogar en Esparza y otro en Quepos no aparecen en los registros del Ministerio de Salud como establecimientos con órdenes sanitarias, a pesar de que el CONAPAM sí los reporta con esa condición.
Ante esta situación, la Defensoría enfatizó que la emisión y el seguimiento de las órdenes sanitarias son cruciales para proteger el derecho a la salud, la integridad personal y una vida digna de los adultos mayores.
Por ello, recomendó al CONAPAM definir una ruta de trabajo para identificar centros en riesgo de cierre técnico y al Ministerio de Salud instruir a sus dependencias a comunicar de forma inmediata y documentada al CONAPAM todas las órdenes sanitarias emitidas a centros que atienden a esta población.
La Defensoría concluyó que la protección de los adultos mayores requiere una acción preventiva, diligente y articulada del Estado, acorde con los mandatos constitucionales, legales e internacionales.
