San José, 23 sep (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes emitió un comunicado en el que justificó los aumentos salariales de sus directivos por cuestiones de recargos debido a la falta de vacantes y un ahorro.
Según el ente defensor, existen 5 vacantes de sus 16 puestos de directores y no se ha logrado proceder con nombramientos definitivos. Razón por la que desde diciembre del 2018, nueve funcionarios han asumido funciones de recargo.
Para la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, estos recargos están a la orden de la ley y es un beneficio económico en momentos de austeridad financiera, afirmando que se da un ahorro del 90% por concepto de salario, aguinaldo y salario escolar.
“La figura del recargo de funciones, no solamente es avalado por el ordenamiento jurídico, sino que en una época de austeridad económica es de beneficio para las finanzas públicas”, dijo Crespo.
“La multiplicidad de funciones en un trabajador de la Defensoría y su aumento por recargo significa un ahorro, por cuanto no significa una erogación total del monto correspondiente al salario del funcionario, sino solamente al pago de un excedente por concepto del recargo por lo que un solo funcionario cumple con diversas labores en lugar de contraer dos”, dijo Crespo.
Durante su administración, se ha nombrado a múltiples funcionarios en plazas de recargo, remitidas por el Departamento de Recursos Humanos y cumplen con el requisito de “más de tres años de experiencia en supervisión de personal”.
Crespo fue crítica de quienes manifiestan que los recargos “tengan como fin beneficiar de manera permanente a un equipo específico, como se ha querido tergiversar”.
Además, explicó ante los señalamientos de algunas personas hacia los nombramientos de funcionarios para los recargos que “en administraciones anteriores se dieron ascensos y nombramientos directos para plazas en propiedad, sin que mediara un concurso”.
Según la Defensoría el salario promedio es de ₡3 millones, razón por la cual recargar funciones representa un ahorro en su gestión. Estos son los nueve funcionarios con recargo según la documentación mostrada en el comunicado de la Defensoría con sus respectivos salarios:
- Fabricio Chavarría Bolaños: De abril del 2021 al 30 de agosto del 2022 el funcionario recibió una diferencia salarial aproximada por mes de ¢794.861,862 colones para un total de ¢2.717.789,8 colones.
- Laura Navarro Rodríguez: En total la funcionaria ha recibido una diferencia salarial aproximada de ¢800 413,95 colones por mes, para un total de ¢ 4.802.483,7 colones.
- Tatiana Mora Rodríguez: De agosto del 2019 al 18 de febrero del 2020 asumió por recargo la Dirección de Calidad de Vida para una diferencia salarial aproximada de ¢529.488,99 colones por mes, para un total de ¢3.706.422,93 colones.
- Roberto Deprado Lizano: De marzo al 30 de agosto de 2022 el funcionario recibió una diferencia salarial aproximada de ¢ 556 391,833 colones por mes, para un total de ¢ 3.338.351 colones.
- Hernán Rojas Angulo: De marzo a julio del 2019 asume el recargo de Director de Asuntos Laborales, por la que recibió una diferencia salarial aproximada de ¢ 798.687,5 colones por mes, para un total de ¢ 3. 194.750 colones.
- Pablo Rodríguez Alpízar: De octubre del 2021 al junio del 2022 asumió el recargo de Jefe de Sede Regional Chorotega, para una diferencia salarial aproximada de ¢ 210 479,659 colones por mes, para un total de ¢1.894.316,93 colones.
- Eugenia Fernández Monge: De mayo a julio del 2021. La ex funcionaria recibió una diferencia salarial total de ¢ 397 520,917 colones aproximadamente por mes, para un total de ¢ 1.192.562,75 colones.
- Mario Zamora Cordero: Del 01 de agosto al 30 de setiembre del 2022 asume el recargo de Director del Instituto de Educación en Derechos Humanos. Al 30 de agosto el funcionario recibió una diferencia salarial total de ¢844.679 colones.
