San José, 16 feb (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes afirmó que en nuestro país se requiere una estrategia integral para el abordaje de la violencia, en especial la que denigra y maltrata la dignidad de niños, niñas y adolescentes, ya sea de forma sexual, física y psicológica.
Las instituciones públicas en conjunto con los habitantes deben fomentar acciones concretas para identificar los riesgos que enfrenta esta población y generar medidas de prevención.
“La marcha de ayer fue una clara señal al país de que la violencia hacia las personas menores de edad es rechazada por la sociedad civil y debe ser erradicada porque es, en sí misma, una violación a los derechos de los niños y las niñas, y genera secuelas tan graves que afectan su desarrollo y formación. La sociedad civil nos pide formas novedosas y efectivas de intervención, de prevención, de educación, sobre todo para proteger a aquellas personas menores de edad, entre los 0 y 6 años, que enfrentan un mayor peligro”, dijo esta mañana la Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni.
La movilización ciudadana del pasado domingo resultó para la Defensoría de los Habitantes una exigencia para actuar unidos por una niñez que viva sin violencia, sin temor, sin hambre y alejada de las drogas.
“Algunos se preguntan la importancia de una marcha? Yo les respondo que los cambios en una sociedad empiezan a partir de este tipo de eventos convocados por los y las habitantes, de visibilizar lo que sucede y buscar las formas de prevención que no permitan que ocurran hechos de violencia contra los niños, niñas o contra cualquier otra persona. Ayer tuvimos una manifestación clara de repudio contra el maltrato infantil y eso significa que todos actuemos bajo un mismo norte”, agregó la Defensora de los Habitantes.
Ante esto la Defensoría convocó a la alianza interinstitucional a un encuentro de trabajo el próximo viernes 20 de febrero en las instalaciones del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), a partir de la 1:30 de la tarde.
La alianza está conformada por la Defensoría de los Habitantes como órgano coordinador y además por el Ministerio de Salud, CCSS, PANI, el Hospital Nacional de Niños, la línea de emergencia 9-1-1, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Cruz Roja, Unicef, el Ministerio de Educación, entre otras.
