San José, 15 jun (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes denunció al menos 20 violaciones a los derechos humanos en Costa Rica, detectadas en el último año de labores de la Defensora, Monserrat Solano Carboni.
La Defensora de los Habitantes detalló la situación de los derechos humanos en Costa Rica para el periodo 2014-2015, en el que urgió al país a dar un salto para reivindicar la igualdad, enriquecerse de la diversidad, reconocer la dignidad y la identidad de cada uno de sus habitantes.
“Costa Rica debe abandonar la violencia, la intolerancia, los ataques a la dignidad, la discriminación y la violación a los derechos, en especial, de las personas más vulnerables, para construir una sociedad inclusiva, participativa y más democrática”, dijo esta mañana Solano Carboni.
Para la Defensoría es claro que Costa Rica carece de un marco jurídico adecuado para el combate de la discriminación, y dicha carencia se refleja en la ausencia de políticas públicas integrales dirigidas hacia asegurar el pleno disfrute de derechos en igualdad de condiciones, incluidas las acciones afirmativas.
Las poblaciones que más sufre de discriminación son los niños, niñas y adolescentes, los pueblos indígenas, las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las personas con orientación sexual diversa, las poblaciones afrodescendientes y los asegurados de la CCSS.
Asimismo, la defensora detalló que del 2010 al 2014, las solicitudes de intervención por parte de la Defensoría se incrementaron en un 46,5% pasando de 20.687 a 30.264. Las estimaciones de esta institución es que para el 2020 reciban alrededor de 40.000 solicitudes de intervención.
Pérez Zeledón, en la provincia de San José, es la que más peticiones interpone ante la institución, mientras que Pavas es el distrito con mayor cantidad de denuncias presentadas.
Carboni denunció que en el país existen violaciones a los derechos humanos por situaciones como matonismo escolar, violencia hacia la niñez y adultos mayores, homofobia apersonas con orientación sexual diversa, hostigamiento sexual y laboral, racismo contra personas afrodescendientes y pueblos indígenas, violencia obstétrica, la pobreza, lentitud del sistema público para garantizar la atención de la salud e incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
Asimismo, la sobrepoblación y hacinamiento en el sistema penitenciario, daños al medio ambiente, la seguridad ciudadana y alimentaria, las dificultades de los habitantes más vulnerables para el acceso a derechos tales como pensión del régimen no contributivo y/o asistencia económica estatal temporal; las desigualdades en la distribución de oportunidades entre personas de la Región Central del país y las regiones rurales y costeras.
Finalmente, la Defensoría detectó una importante separación entre habitantes, la cual se visualiza en los conflictos sociales por la disponibilidad del agua, la omisión de respuesta que reciben los habitantes en trámites ante instituciones públicas e incluso el alto costo de servicios públicos como la electricidad y los combustibles.
