San José, 5 abr (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes denunció doble moral en acceso al crédito en pandemia.
Explicaron que “desde julio del 2020, la Defensoría de los Habitantes ha venido pidiendo cuentas y fiscalizando las actividades del Gobierno destinadas a atender la crisis económica ocasionada por el COVID-19. Entre ellas, el acceso y costo del crédito para hogares y las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes)”.
“En el 2020, el Banco Central, a través del sistema bancario nacional, aumentó en alrededor de unos 395 mil millones de colones, la disponibilidad de fondos para crédito de los sectores productivos. Sin embargo, tales recursos, en su mayoría, regresaron al Banco Central en razón de que los bancos comerciales optaron por invertirlos en bonos del mismo Banco Central, o en títulos del Ministerio de Hacienda”, agregaron.
Asimismo, indicaron que “el Banco Central indicó a la Defensoría que, con la finalidad de aumentar la disponibilidad de recursos y reducir el costo del crédito para el sector privado, y así incrementar los fondos prestables en el sistema bancario, se redujo la tasa de encaje mínimo legal (EML) y de reserva de liquidez para operaciones en moneda nacional. No obstante, el Banco Central señaló que los fondos liberados, en su mayoría, se colocaron nuevamente en esa misma entidad bancaria bajo la figura de depósitos en el Mercado Integrado Liquidez (MIL)”.
Adicionalmente, expusieron que “a inicios de setiembre del 2020, el Banco Central puso a disposición de los intermediarios financieros, supervisados por la SUGEF, una facilidad especial de crédito hasta por cuatro años, por un monto máximo de 700 mil millones de colones (2% del PIB) a una tasa de interés del 0,8%. El objetivo siendo que los bancos comerciales prestasen esos recursos, en condiciones favorables, al sector privado para ayudar a mitigar el impacto de la pandemia sobre la producción y el empleo; y por ende apoyar la reactivación económica. No obstante, los resultados en materia de reactivación económica brillan por su ausencia”.
Desde la Defensoría de los Habitantes manifestaron su preocupación en que “esa mayor disponibilidad de dinero, no se tradujo en mayores fondos para el crédito en apoyo para las pymes y los hogares costarricenses más afectados por la recesión económica”.
Ante esta situación de crisis económica que afecta a miles de habitantes y pymes, la Defensoría urge al Gobierno de la República para que, en el ejercicio de las facultades que le son inherentes, dicte las directrices, medidas y acciones necesarias para que estos fondos se utilicen según su propósito primario y no regresen al Banco Central o al Ministerio de Hacienda.
Recalcaron que es deber de la Defensoría de los Habitantes, pedir cuentas, fiscalizar e informar a la ciudadanía sobre esta situación.
Por su parte la defensora, Catalina Crespo señaló que “en un momento histórico de la más alta criticidad, es deber de las Autoridades Públicas que tienen a su cargo el mandato de la política económica de nuestro país, empezando por el señor Presidente de la República, pasando por los ministros encargados de la reactivación económica; hasta llegar a las Juntas Directivas de los Bancos: Velar porque el dinero que se ha asignado a las personas y a sus empresas, en especial en aquellos sectores más impactados por la crisis y la pandemia; llegue a sus verdaderos destinatarios sociales y no sean desviados a la compra de bonos al mismo gobierno”.
