San José, 28 feb (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes aseguró que la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) sí tuvo acceso a datos sensibles de los ciudadanos.
Además, la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo explicó que el Artículo 7 del decreto presidencial era improcedente jurídicamente y contrario al ordenamiento jurídico.
Por otro lado señaló que los asesores de datos que trabajaban en el despacho del presidente de la República, Carlos Alvarado no tienen ninguna especialidad para el manejo de estas bases de datos.
La Defensoría enfatizó que se deben dejar sin efectos de manera inmediata los convenios entre Casa Presidencial y las instituciones públicas.
De igual forma el ente defensor se comprometió a colaborar con la Fiscalía General de la República en la investigación que realizan con relación a este caso.
La Fiscalía realizó este viernes una serie de allanamientos en Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación y la casa de habitación de algunos de los funcionarios investigados.
