San José, 11 set (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes sostiene que el Estado costarricense debe adoptar las medidas necesarias para garantizar una coordinación más sólida entre todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia.
El Sistema Nacional de Protección, que fue creado por el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 7739) vigente desde 1998, es la unión de todas las instancias gubernamentales y no gubernamentales, convocadas por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI); y tiene como principal objetivo el diseño de políticas públicas y la ejecución de programas destinados a su atención, prevención y defensa. Tal y como lo establece el mismo Código, este Sistema Nacional es encabezado por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA).
La Defensoría ha señalado debilidades en cuanto a la coordinación ejercida por el CNNA, el cual si bien es una instancia de deliberación y coordinación, y pese a ser concebido con integrantes de alto nivel, no ha logrado consolidar un liderazgo que asegure el acatamiento de las funciones que le asigna el Código de la Niñez y la Adolescencia, como ya se había indicado en el último informe anual.
Recientemente la Defensoría, como institución miembro del Comité Técnico Asesor del Consejo, acotó dichas debilidades de gestión, tales como: falta de claridad en la intervención, rotación de los representantes, debilitamiento de la Secretaría Técnica (a cargo del PANI), la cual es más operativa que técnica, no existe modelo de trabajo para el monitoreo de la Política de Niñez y Adolescencia, ni indicadores para la rendición de cuentas, no existe una línea basal que permita evaluar el impacto de programas y proyectos y no se reacciona oportunamente ante temas de interés nacional que afectan y vulneran los derechos de la niñez y adolescencia.
Asimismo, llama la atención del ente defensor que pese a que el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia es un órgano adscrito a la Presidencia de la República, y actualmente cuenta con la participación activa de la Segunda Vicepresidencia; se requiere que este apoyo sea estructural y no coyuntural, ya que en el pasado no se ha contado con una representación de tan alto nivel.
Por su parte la Defensora de los Habitantes Montserrat Solano manifestó que “si bien la Defensoría reconoce los esfuerzos del Estado en la protección de las personas menores de edad; no puede dejar de señalar que la atención institucional se realiza de manera particular y no coordinadamente; ya que la cultura de cooperación y trabajo interinstitucional es apenas incipiente”.
La jerarca agregó que la Defensoría hace suyas las recomendaciones al país del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, relacionadas con la necesidad de fortalecer las Juntas de Protección (adscritas al PANI como órganos locales); y los Comités Tutelares (órganos de las asociaciones de desarrollo comunal). Asimismo, la importancia de garantizar el derecho de participación de los niños, niñas y adolescentes en todos los niveles.
