San José, 9 ago (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes sostiene que Costa Rica debe actuar con mayor rapidez para saldar la deuda histórica que mantiene con los pueblos indígenas y cumplir con sus obligaciones de derechos humanos, esto se presenta en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Para la Defensoría el Estado costarricense no puede seguir postergando el goce pleno de los derechos que le asisten a esta población, relacionados a la consulta previa, libre e informada, al pleno disfrute y disposición de las tierras ancestrales; así como el combate de la discriminación; entre otros aspectos.
Como bien lo han señalado las recomendaciones de los comités de derechos humanos de Naciones Unidas, el Estado costarricense debe garantizar el pleno disfrute y disposición de las tierras ancestrales por parte de pueblos indígenas, incluyendo el reconocimiento legal, la protección jurídica y la restitución de las mismas cuando sean terrenos ocupados por personas no indígenas, indicaron.
Si bien, en los primeros meses del año 2016, el Gobierno inició la ejecución del Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas (Plan-RTI) del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) el cual pretende, en un plazo de seis años regularizar la situación de tenencia de tierras en todos los territorios indígenas del país, llama la atención de la Defensoría que el plan no define ni incorpora las herramientas o procesos para dicho fin. El Plan únicamente señala que se confeccionará un expediente por cada ocupante, con la recomendación técnico-legal para la toma de decisiones.
Según señala el ente defensor los desalojos administrativos de procesos resueltos hace varios años siguen pendientes de ejecución sin justificación conocida. En el ámbito judicial solo en la vía contenciosa administrativa se están tramitando más de 100 causas relacionadas con tierras indígenas, en su mayoría reclamos presentados por perso¬nas no indígenas que solicitan ser indemnizadas ya que alegan ser poseedoras de buena fe. En estos procesos varias asociaciones de desarrollo integral, en tanto representantes legales de los territorios indígenas, no tienen los medios económicos para contratar los servicios de un abogado, quedando los intereses comunitarios en indefensión por no poder apersonarse a los procesos judiciales.
La Defensoría ha instado a las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a emprender de manera prioritaria las acciones necesarias para garantizarles a los pueblos indígenas costarricenses su derecho primordial a la propiedad de sus tierras y territorios. Para la Defensoría es necesario que el Estado costarricense elabore, con la participación de los pueblos indígenas, un proyecto nacional que contemple accio¬nes de saneamiento, ordenamiento, demarcación, delimitación en el sitio, restitución y reparación de las tierras indígenas, incluidas aquellas consideradas ancestrales o de uso tradicional. En este proceso, debe contemplarse de manera particular y primordial la visión de las mujeres indígenas, reconociendo que generalmente han quedado rezagadas de estas discusiones.
También, la Defensoría insiste en que el Estado debe tomar las medidas necesarias para eliminar las barreras que impiden garantizar el acceso a los servicios básicos en los territorios indígenas. En el ejercicio de sus funciones, la Defensoría ha constatado que los territorios indígenas mantienen un importante rezago en el acceso a servicios básicos: hay serias carencias de infraestructura vial y mucha de la existente se encuentra en muy malas condiciones por falta de mantenimiento. Hay ausencia de puentes, los cuales resultan de¬terminantes para acceder a los centros educativos y de salud. Gran cantidad de comunidades no tienen acceso a agua potable, faltan acueductos y algunos de los existentes están en mal estado.
Como bien lo ha venido señalando la Defensoría, lamentablemente, la falta de voluntad política y la ausencia de un verdadero compromiso con los pueblos indígenas se han evidenciado en el total desinterés de enriquecer y actualizar el proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, que tiene más de 20 años en la corriente legislativa . A criterio de la Defensoría, la propuesta debería ajustarse a la realidad, condiciones y aspiraciones de los pueblos indígenas.
Por otra parte, la Defensoría reconoce la Directriz N° 042-MP del 4 de marzo del 2016, en que la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia instruyeron la construcción de un mecanismo de consulta entre el Gobierno y los pueblos de los veinticuatro territorios indígenas del país, con la finalidad de contar con un instrumento que haga operativo la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada. Cabe destacar que la Defensoría participa como observadora del proceso en algunas de las actividades y se mantendrá vigilante de que en las diferentes etapas se respeten y garanticen los derechos de los pueblos indígenas.
La Defensoría se unió a la celebración del 10º Aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumento que establece un marco universal de normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas.
