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Defensoría: Costa Rica debe combatir el racismo y promover bienestar de afrodescendientes

San José, 1 ago (elmundo.cr) – En agosto se celebra el Día de la Emancipación, en conmemoración de la abolición de la esclavitud en la mayor parte del Imperio Británico -incluyendo los territorios del Caribe-  entre 1833 y 1834. Esta conmemoración es una ocasión para recordar y repudiar la trata que durante 400 años subyugó la dignidad de las personas afrodescendientes, así como todo resabio de racismo y discriminación.

Para la Defensoría de los Habitantes agosto debe ser un momento para reivindicar el invaluable aporte que las personas afrodescendientes han dado a la construcción de nuestra nación, exaltar su riqueza cultural y lingüística, y asegurar que cuenten con todas las oportunidades, en igualdad de condiciones, para desarrollar su plan de vida y contribuir, como lo han venido haciendo desde la colonia, al progreso del país.

Esto implica visibilizar sus aportes, generar políticas públicas para romper con la discriminación estructural, y potenciar la riqueza económica, social y cultural de los y las afrocostarricenses.

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La Defensoría aprovecha la ocasión para recordar y repudiar las atrocidades sufridas por millones de personas afrodescendientes durante siglos de trata y esclavitud, para que esa memoria nos recuerde la crueldad de la que el ser humano es capaz cuando enfatiza las diferencias, y nos mantenga alertas para que no nos convirtamos, una vez más, en nuestros propios verdugos. Nunca más se debe repetir el absurdo institucionalizado de negar a nuestros congéneres la dignidad humana, que es una, y de la se desprenden los derechos y la libertad de todas las personas sin distinción.

De igual manera el ente defensor indica a la institucionalidad costarricense, que tal como lo ha señalado el Comité contra la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, ninguna sociedad al día de hoy puede declararse libre de racismo. Por ello reitera al Estado costarricense cumplir con las recomendaciones de ese Comité, dadas al país en el año 2015 (CERD/C/CRI/19-22 del 25 de setiembre del 2015), y que incluyen: la necesidad de incluir la variable de autoidentificación étnica en la recolección de datos estadísticos, y la construcción de indicadores sobre el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, para contar con datos desglosados a fines de la adopción de medidas especiales o de acción afirmativa.

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Además de la adopción de medidas especiales o de acción afirmativa, incluso en materia de acceso a la salud, a la vivienda, al empleo, a la seguridad social, así como a su representación en las instancias de decisión del Estado en proporción no inferior a su población y priorizar en la agenda legislativa, las iniciativas para la lucha contra la discriminación racial y la promoción de los derechos de las personas afrodescendientes y de los pueblos indígenas, para su urgente discusión y adopción.

De igual manera adelantar acciones, tendientes a que en el sistema nacional educativo se conozca y se difunda el conocimiento de las prácticas culturales propias de la población afrodescendiente e indígena, y sus aportes a la historia y a la cultura costarricense, a fin de que ofrezcan una información equitativa y formativa de todas las sociedades y culturas del Estado parte.

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Busca emitir una política escolar para eliminar todos los elementos discriminatorios hacia las culturas afrodescendiente e indígenas de los reglamentos y normas internas de las escuelas y tomar las medidas necesarias para preservar el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes.

Finalmente enmendar la legislación penal de tal manera que sea compatible con la Convención, en relación con la lucha contra el discurso de odio racista, elevando la sanción de las conductas delictivas de manera proporcional a la gravedad de los hechos, incluir en la legislación penal un agravante por motivos de discriminación racial y promover la formación en materia de derechos humanos y entendimiento intercultural dentro del Sistema Judicial, y asegurar el acceso a la justicia por parte de quienes sufren algún hecho de discriminación racial.

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