San José, 4 oct (elmundo.cr)- La Defensoría de los Habitantes insistió al Congreso que es inconveniente una amnistía tributaria dentro del plan fiscal.
El diputado José María Villalta presentó una moción para eliminar este acápite del expediente 20.580, pero esta fue rechazada el martes con 27 votos en contra y 26 a favor.
De acuerdo con el ente, esto permitiría que los deudores de cargas tributarias con diversas instituciones del Estado como el IMAS, IFAM, INDER, y eventualmente hasta el impuesto sobre la renta y aranceles, no paguen intereses de sus deudas tributarias, si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo.
“Fuimos claros en que la reforma se requiere y seguimos insistiendo que todos los sectores de la población deben honrar sus obligaciones tributarias, pues sería una total contradicción en relación con el espíritu de la reforma que por un lado se pretenda combatir la evasión y por otro lado crear consciencia en la sociedad costarricense sobre la responsabilidad, según su capacidad e ingresos, contribuir con el Erario Público y de cumplir a tiempo con sus obligaciones”, dijo el defensor de los Habitantes en funciones, Juan Manuel Cordero.
Hizo un llamado a los costarricenses para que se reconozca que la situación presupuestaria del Gobierno Central es compleja, pues desde el año 2009 el déficit fiscal viene creciendo progresivamente, al punto que datos del Banco Central, indican que en 2018 llegará al 7.2% del PIB.
Cordero expresó que considerando únicamente el enfoque financiero -recorte de gastos e incremento de ingresos fiscales- los resultados para el Estado de derecho serán muy negativos en procura de la realización efectiva de los derechos humanos de todas las personas.
Otros aspectos que se refirió ampliamente la Defensoría en este segundo informe técnico tiene relación con la necesidad de ordenar y racionalizar el empleo público, tomando en consideración el respeto de derechos adquiridos; poner cuidado nuevamente en una posible eliminación de la obligación del Estado de aportar recursos al principal fondo de combate a la pobreza con la reforma planteada al artículo 26 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y, tener claro en el análisis lo relacionado a la amnistía para el sistema bancario nacional.
