San José, 25 ago (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes ha venido dando seguimiento a las acciones que se están emprendiendo para atender a estudiantes y docentes que en la actualidad están presentando limitaciones en el proceso de implementación de la estrategia de educación a distancia “Aprendo en casa”.
En una misiva enviada al presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, la Defensoría hizo un recuento de las gestiones realizadas, así como de las respuestas obtenidas por parte de las instituciones involucradas.
Esto a raíz de una publicación en un medio de comunicación donde se informó que el diputado recibió una denuncia en relación con la situación que enfrentan cerca de cien familias indígenas del cantón de Talamanca, que no cuentan con el servicio de Internet del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), lo cual provoca que los estudiantes de la zona no puedan continuar con el curso lectivo.
En un oficio enviado al Ministerio de Educación Pública (MEP), en el mes de abril, la Defensoría solicitó información con respecto a la coordinación interinstitucional, y las poblaciones vulnerables como estudiantes con discapacidad e indígenas.
Asimismo, la Defensoría consultó, en junio, a la Dirección General del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), en relación con las iniciativas que han surgido a nivel legislativo para destinar recursos del Fondo a la atención de las múltiples y crecientes necesidades surgidas con motivo de la pandemia.
Tras analizar la información recopilada, destaca el diagnóstico preliminar de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) sobre la brecha digital, el cual señala que al menos el 50% de la población estudiantil aún no cuenta con acceso a dispositivos tecnológicos o conectividad.
En el caso concreto de las zonas indígenas, se indica que un 80.8% de la población no cuenta con dispositivo electrónico, ni conectividad; lo que, no deja dudas que el problema de conectividad en estos territorios indígenas es real, y es una brecha educativa más amplia que en cualquier zona del país, por lo que la institucionalidad encargada de brindar este servicio, debe redoblar sus esfuerzos, tomando en consideración la participación activa de las comunidades indígenas, para identificar donde están las necesidades reales del servicio.
Sólo un 13% de la población estudiantil cuenta con un aparato electrónico, en muchos de los casos existen donaciones de aparatos electrónicos pero sin conectividad, como bien lo comprobó la Defensoría en una inspección en agosto del 2019 en la Escuela Bambú ubicada Bratsi, Talamanca, en el que cada estudiante tiene su computadora, pero la conectividad la tienen en la propia escuela, y no en sus hogares.
La Defensoría ha venido mostrando su preocupación por el incremento de las brechas educativas y sociales, que ya por sí han existido en relación con las y los estudiantes de centros educativos de territorios indígenas, y el particular seguimiento que debe brindarse a todas estas estrategias, en procura de evitar su ampliación y, en su lugar, procurar su reducción.
Ello haciendo efectiva la conexión a Internet en estas comunidades, así como que esta cuente con una velocidad que haga posible el adecuado acceso, entre otros, para efectos educativos. Requerimientos que también la Sala Constitucional ha señalado tanto al MEP como a Fonatel para que en plazos determinados se adopten las respectivas medidas.
Por otra parte, en relación con el informe de la Sutel, se indica que el Programa Hogares Conectados se propone ampliar la meta en 61.500 hogares adicionales; sin embargo, en términos generales se establece que dicho proyecto se realizará en un plazo de cinco años, lo cual, no constituye una respuesta oportuna para los pueblos indígenas en general.
Es por ello que, específicamente, la Defensoría estará consultado al Ministerio de Educación Pública, cuáles han sido las gestiones para llevar conectividad a los hogares de estudiantes de Talamanca, entre otros, en coordinación con el Instituto Costarricense de Electricidad, así como se ampliará la solicitud de información a la Sutel sobre el porcentaje de nuevos servicios del programa Hogares Conectados en la zona indígena de Talamanca.
Adicionalmente es fundamental que este proceso de acceso a las telecomunicaciones se haga con la participación de las comunidades, respetando su cultura y sus sugerencias, pues ellas son las que conocen sus territorios y sus necesidades. El criterio técnico debe adecuarse y armonizarse con el criterio cultural.
Para la Defensoría de los Habitantes es importante dar seguimiento cercano a estos esfuerzos interinstitucionales para que, dentro de plazos razonables, se solventen estos rezagos que han cumplido décadas en nuestro país, pero que, paradójicamente, la misma pandemia está estimulando para que se enfrenten con mayor premura y efectividad, aspecto sobre lo cual, la Defensoría se mantendrá atenta en favor de la igualdad de oportunidades educativas de las poblaciones indígenas.
También la Defensoría remitirá oficios de solicitud de información al MEP y a Sutel.
