San José, 25 feb (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes condenó enérgicamente, el asesinato del dirigente indígena Brörán de Térraba, Jerhy Rivera Rivera, y exhortó a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias que permitan dar con los responsables de este lamentable hecho ocurrido anoche.
Además, elevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre la situación que se vive en territorio indígena costarricense, pero además hizo un llamado al Estado a liderar de manera inmediata y efectiva acciones que permitan atender el conflicto por tierras.
La Defensoría comunicó a Paulo Abräo, secretario ejecutivo de la CIDH, que los espacios generados hasta ahora por parte del Gobierno de la República para un efectivo diálogo no han sido suficientes ni eficaces en lograr resultados concretos en la atención de las prioridades expuestas por los pueblos indígenas, y en general para la efectiva implementación de la medida cautelar dictada casi cinco años atrás a favor de los pueblos indígenas de Salitre y Térraba.
Con el reciente cambio de viceministro de Asuntos Políticos, y dado que esa instancia estaba designada para coordinar las acciones para la implementación de la medida, los pueblos indígenas reciben un nuevo interlocutor gubernamental quien, a estas alturas, deberá empezar a conocer la situación, y lo más importante, a generar condiciones de confianza con los pueblos indígenas.
Sobre las acciones administrativas, la Defensoría de los Habitantes comunicó a la CIDH que los representantes peticionarias y beneficiarias de la medida han sido enfáticos en que una señal de buena fe del Gobierno sería la ejecución de los desalojos administrativos que están pendientes desde hace varios años.
En junio del 2019, el Gobierno anuncio que había realizado dos desalojos, sin embargo, lo que hizo fue poner en posesión de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Salitre dos fincas que habían si-do recuperadas previamente por personas indígenas, con sus propios me-dios y riesgo personal.
Desde ese entonces no se ha ejecutado (ni administrativa ni judicialmente) ningún otro desalojo, ni resuelto proceso agrario pendiente, en detrimento de la confianza y credibilidad en estas vías que deben de ser las utilizadas por excelencia para garantizar el respeto de los derechos de todas las partes.
De igual manera las otras medidas para atender la situación estructural como el Plan RTI, han tenido una muy lenta implementación, es una medida general para todos los territorios, sin que se haya establecido una priorización de los territorios beneficiados de la medida para detener las situaciones de violencia; además ha sido objeto de múltiples cuestionamientos en su planteamiento y ejecución, por no responder con claridad a las condiciones y particularidades de los pueblos indígenas.
En Salitre y en Térraba persiste un ambiente de inseguridad, donde personas indígenas de ambos territorios han denunciado amenazas en su contra.
Anoche se agravó la situación con el asesinato del dirigente indígena Rivera, durante un proceso de recuperación de tierras quien, al igual que Sergio Rojas Ortiz, formó parte de la Mesa de Diálogo del Sur entre dirigentes indígenas y autoridades gubernamentales.
La cara visible del Estado en esas zonas sigue siendo la Fuerza Pública quienes con limitados recursos realiza lo que está a su alcance desde esas condiciones, pero no son acciones suficientes, sostiene el ente defensor
